El legislador explicó que “hemos presentado un proyecto que para que se entienda es la última etapa del proceso de seguridad y justicia. Primero actúa la policía, después pasa al Poder Judicial, luego al Servicio Penitenciario y la última etapa es de la reinserción, el control y el seguimiento de los que han sido condenados, los que tienen sentencias cumplidas o han salido por reducción de penas, ya sea libertad condicional o asistida, etc. Para todas esas personas el Estado tiene la obligación, es un derecho constitucional, de reinsertarlos, controlarlos y asistirlos”.

Solanas señaló que “ese último tramo en La Pampa falla, lo cual hace que falle todo el sistema. El Estado, desde 1974, ha delegado esa función al Patronato de Liberados, que es una asociación civil que puede haber sido de utilidad en las décadas del 70 y 80 pero hoy ya no tiene nada que ver con la demandas sociales. Esa entidad recibe un subsidio anual, con el cual le paga a cinco empleados, tiene un sola sede y es en Santa Rosa. Presentamos el proyecto en General Pico porque en el año 2010 el ministro de Gobierno recortó ese subsidio y tuvieron que cerrar la sede en esta ciudad”.

Tras ese último dato, añadió: “al no tener esa dependencia y el personal para cumplir las funciones, la libertad asistida o condicional de una determinada persona, se transforma en una simple libertad. En ese sentido estamos proponiendo un organismo que es una Dirección General de Control, Asistencia y Reinserción para las personas en conflicto con la ley penal en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social que tiene una estructura importante. Está previsto que esté a cargo de un director general que ingrese por concurso y tenga conocimientos acreditados en criminología y sociología; que tenga una cantidad de personal suficiente a través de equipos técnicos, uno por cada circunscripción judicial. Tiene previsto una asignación presupuestaria suficiente para poder atender toda la problemática en función de un equipo técnico cada 50 personas tuteladas. Hoy la función la está desarrollando esa asociación civil que mayoritariamente está compuesta por exjueces, los que voluntariamente han tomado esa tarea con el fin de contribuir a la sociedad. Realmente es para felicitarlos, lo que ocurre es que el Gobierno se desentendió de esa cuestión, simplemente les otorgó un subsidio para pagarle a cinco empleados que deben atender 1.280 tutelados. En Capital Federal el Patronato de Liberados tiene un empleado cada 28 tutelados y cuentan con un presupuesto millonario, acá el presupuesto mensual es de 50 mil pesos”.

“Contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia en el delito”

Luis Solanas fundamentó que “algunos objetivos de la ley son contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia en el delito, procurando una mejor y eficaz reinserción social de condenados, liberados y probados, brindando una asistencia integral tanto a ellos como a su núcleo familiar; realizar una permanente labor en el medio social con el objeto de conseguir apoyo moral y material a la finalidad, celebrando convenios con distintas entidades sociales, culturales, educativas, deportivas y/o comerciales del medio donde se radicará el liberado o probado; asistir material, psicológica y legalmente a los egresados de las cárceles y probados, coordinando y planificando no sólo la etapa post-penitenciaria, sino la previa a su liberación con la debida antelación al otorgamiento de la libertad, a través de una adecuada red de contención profesional, familiar y comunitaria, teniendo especial consideración a las necesidades y circunstancias de cada caso; etc”.

En tanto reveló que “las estadísticas del Poder Judicial dejan ver que de cada diez delitos que se cometen, ocho son perpetrados por personas que están en condiciones de reducción de pena, o sea que son reincidentes. Si funcionara este último eslabón de todo el proceso, nosotros podríamos tener una herramienta potentísima para la reducción de los delitos, es decir si se hiciera el seguimiento, el control y la reinserción. Hoy quienes entran al sistema carcelario salen en peores condiciones sociales de las que tenían cuando ingresaron, por lo tanto una persona que estuvo ocho años preso lo ponemos en circulación sin casa, sin trabajo ni familia. Mucho menos tiene soluciones a sus necesidades económicas básicas como es la alimentación. Las propuestas de aumentar penas y sumar más policías, han sido soluciones estériles e inútiles para combatir el delito. En La Pampa hace diez años teníamos un policía cada 250 habitantes, hoy tenemos uno cada 130 y el nivel de delito se triplicó. En la época Blumberg las penas se multiplicaron y el delito se duplicó”.

“Creemos que esto que estamos presentando es una alternativa que no solamente atiende el enfoque de los derechos humanos y la seguridad, sino que también permite que el Estado asuma sus responsabilidades indelegables, es decir, que nunca más tercerice funciones tan importantes como son la seguridad y la justicia. Este es el único proyecto que de aprobarse, tenderá a la reducción del delito”, concluyó Luis Solanas.

Marcelo Viale: “esto tiene que cambiar de una vez”

Marcelo Viale, padre de Sofía (la niña que fue violada y asesinada por Juan José Janssen), acompañó al diputado Solanas en la presentación del proyecto y respecto del presupuesto necesario para poner en práctica la idea, reflexionó: “yo quisiera saber cuántos millones se gastaron buscando a mi hija que se podrían haber ahorrado si el sistema funcionara bien y existiera el control correspondiente”.

Inmediatamente explicó el motivo de su presencia en la conferencia que se brindó ayer en un hotel céntrico: “estoy acá porque me parece muy buena y tiene que ver con el caso de Sofía. Quedó en evidencia que no se controla a nadie, la mayoría son todas personas reincidentes. Queremos que existan propuestas reales, una de ellas es ésta y por eso la estoy apoyando. No queremos más Sofías, más Carlas, esto tiene que cambiar de una vez”.