Arenas, se manifestó "preocupado" por los "perjuicios económicos que podría sufrir la Provincia si debiera indemnizar a la empresa Transporte Colectivos del Oeste S.A. como resarcimiento por no habérsele adjudicado el Grupo 7 de recorridos para otorgárselo directamente y en forma ilegal a la compañía El Cacique SA, maniobra que se concretó durante la gestión de Julio Cobos como gobernador".

Mediante un comunicado, el legislador explicó que se trata de una "consecuencia que podría devenir del fallo emitido el 9 de octubre del 2012 por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia local, que hizo lugar a la acción procesal administrativa interpuesta por Transporte Colectivos del Oeste y declara la nulidad del decreto N°1.403/05 (emitido durante el mandato de Cobos), por el que le había adjudicado la concesión del paquete de recorridos del Grupo 7 del servicio público de transporte de colectivos a El Cacique SA".

El hecho se remonta al año 2005, cuando Cobos era gobernador de Mendoza y la actual diputada Patricia Gutiérrez (Confederación Popular), titular de Transporte.

Según el legislador, "el problema de Cobos no es sólo su comprobada deslealtad, sino también su incapacidad de gestión, evidenciada cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Mendoza y cuyas consecuencias estamos padeciendo en la actualidad con el grave problema que significa para la Provincia la posibilidad latente de tener que afrontar una demanda civil millonaria por un acto negligente". "Las primeras estimaciones con relación al monto que debería pagarse a la firma transportista perjudicada señalan que la suma del resarcimiento podría alcanzar los 300 millones de pesos", dice Arenas, quien agrega que para dimensionar concretamente el daño que podría causar a las arcas provinciales ese fallo, "el monto de resarcimiento equivale al costo de construcción de unas 1.200 viviendas sociales o de 30 escuelas, o la compra de 1.000 ambulancias equipadas o 2.500 móviles policiales".