El diputado pampeano asegura que la propuesta del FPV “no busca resolver la inflación, ni plantea un esquema de desarrollo federal”.
“La asignación universal por hijo, las jubilaciones, el plan jefes y jefas y las distintas herramientas sociales deben tener aumentos para hacer frente a la inflación real. Pero este gobierno, en esta ley de leyes, como cuando vetó el 82% móvil para los jubilados, muestra que en realidad no le interesa ayudar a los más desprotegidos, sino ayudar y compensar a las grandes corporaciones”, agregó.
En relación con la importancia de que el Presupuesto se debata en el Congreso, el diputado señaló: “Entre 2003 y 2010 la recaudación de la administración nacional subió casi 4 veces. De eso, y tomando sólo el período 2004-2008 el Ejecutivo manejó al margen del Congreso por más de 25.500 millones de dólares provenientes de excedentes tributarios, por medio de los superpoderes y los DNU. Hay que terminar con estos manejos discrecionales, que sólo favorecen a sus socios o amigos, así que es fundamental que estemos definiendo cómo será el uso de los recursos el año próximo, que además es electoral”.
“El desarrollo social y económico no es algo que vaya a decantar luego de la acción del mercado, sino que necesariamente es resultado de la aplicación de políticas públicas eficientes. Creemos que este diseño presupuestario no viene ni a resolver la inflación –porque la niega- ni a establecer un plan de desarrollo para la Argentina. Es necesario construir e impulsar políticas públicas diferenciales, para los sectores y regiones que tienen menor desarrollo relativo y menos opciones tecnológicas, comerciales y financieras”, resaltó Forte.
“Este presupuesto debe establecer una relación entre el gobierno nacional y las provincias realmente federal. La asignación de recursos no puede quedar sujeto a las amistades o a la voluntad de los gobernadores de arrastrarse detrás de la chequera disciplinadora. Porque estoy convencido de que sin federalismo fiscal tampoco hay desarrollo, porque los planes provinciales de inversión y la estabilidad de sus finanzas queda sujeta a la discrecionalidad del poder Central. Según las estimaciones más confiables, las provincias están percibiendo sólo un 37% de los recursos coparticipados, cuando según lo dispuesto por la ley de coparticipación les corresponde el 54.66%”, remarcó el diputado.
“El gobierno debe ser coherente con lo que pregona: redistribuir la riqueza hoy es reformular sus gastos para 2011, y dar a conocer, luego de 8 años de administración, sus verdaderas propuestas e ideas en materia de reforma tributaria. Porque el dilema central que debemos resolver es cómo transformar el actual modelo de crecimiento económico centralista a otro de desarrollo nacional integrado, con oportunidades para todos”, concluyó Forte.
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