El diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray, tras consultar la legislación comparada vigente en otros países y provincias argentinas y requerir la opinión de autoridades de la Policía de la Provincia de La Pampa y del Ministerio de Gobierno y Justicia, presentó el Proyecto de Ley que propone la creación del “Programa de Prevención contra el Uso Indebido de la Telefonía Celular”.

El principal objetivo del presente Programa consiste en “realizar un seguimiento y evaluación de la problemática del delito vinculado a la comercialización de equipos de telefonía celular y sus componentes, de modo de articular las políticas apropiadas tendientes a evitar la utilización de dichos dispositivos en la perpetración de actividades delictivas”.

Para eso, prevé crear un “Registro de Comercialización de Equipos de Telefonía Móvil y de Tarjetas SIM”, que tendrá por objeto el asiento de todas las operaciones de compraventa y reparación de equipos de telefonía celular o móvil, sean nuevos o usados, así como la compra y venta de Tarjetas SIM (Chips).

También propone que la comercialización de las Tarjetas SIM de uso en telefonía celular ó móvil sólo se efectúe en los locales especialmente habilitados, que deberán tener por actividad principal la venta de aparatos y componentes de telefonía celular ó móvil, o contar con una sección comercial específica a tales fines.

“Es necesario regular la comercialización en la vía pública de las denominadas tarjetas SIM (Chips), en tanto la realidad actual demuestra la facilidad con la que es posible adquirir tales dispositivos y así hacerse de un número telefónico, sin cumplimentar mayores controles, en muchos de los kioscos, y almacenes de nuestra Provincia. En estos comercios por sólo $ 12 se puede adquirir una tarjeta SIM (Chip) que contiene un número telefónico”, explicó el legislador.

“En efecto, mientras muchos de estos lugares de venta no exigen la identificación del usuario comprador, en otros resulta viable adquirir un equipo invocando una identidad falsa”, indicó.

Y añadió que “huelga recordar que el celular constituye uno de los elementos logísticos más importantes para perpetrar determinados tipos delictivos. Así, los delincuentes se sirven de ellos, utilizando números cuya titularidad es anónima o falsa”.

“El correlato de tal peligrosa realidad es el marcado estado de indefensión en que se encuentran las potenciales víctimas de dichos ilícitos, y la consecuente dificultad para investigar el accionar prohibido”, prosiguió.

El frepamista advirtió que las dificultades se multiplican toda vez que a diferencia de la antigua tecnología TMA donde la línea se correspondía con un determinado aparato telefónico, en la nueva modalidad GSM la línea se encuentra en la propia tarjeta SIM.

Su proyecto tiene por fin “resguardar la seguridad pública, evitando el uso indebido de las Tarjetas SIM y posibilitando la identificación fácil y rápida su titular, en investigaciones penales”.

“Con el Registro de venta de teléfonos celulares y tarjetas SIM (Chips) se contribuirá a un control periódico por parte de las autoridades habilitadas por Ley, eliminando el anonimato en la adquisición de estos dispositivos”, evaluó.

Por otra parte, estimó que “el registro de aquellos teléfonos celulares Perdidos, Hurtados y Robados, aportará a la justicia una herramienta más para combatir la venta ilegal de los aparatos celulares usados, dada su alta tasa de comercialización y su posible utilización en la comisión de delitos. En efecto, permitirá identificar el origen de los mensajes de texto y de vos, colaborando en la investigación de los delitos de extorsión, amenazas, estafas, secuestro, lucha contra el narcotráfico, entre otros”.

El legislador dijo que el comisario Luis Jorge Correa, Jefe del Área Operativa de Toxicomanía, aseveró que la única forma de seguir el accionar de estas organizaciones es a través del control de sus comunicaciones.

“Está a la vista la conveniencia de regular el procedimiento de comercialización de teléfonos celulares y sus componentes como medio de erradicar la comisión de delitos informáticos, garantizando que toda habilitación de línea se realice con estricta sujeción a los debidos controles”, opinó.

“De este modo -apuntó-, habrán de ponerse en acto muchos de los objetivos plasmados por la Ley 25.891 sancionada por el Congreso Nacional en abril de 2004 que dispuso la creación de un registro de usuarios y reprimió con pena de prisión de uno a seis años a quien altere equipos, números de líneas o tarjetas telefónicas con ánimo de lucro o como medio para perpetrar otro delito”.

Esa ley además obligó a las empresas de telefonía móvil a registrar los datos personales de todos los compradores de celulares y chips, prohibió la reactivación de teléfonos denunciados como perdidos o robados, y estableció penas de hasta tres años a quien, sabiendo su origen ilegal, compre aparatos robados. “Constituyó pues un puñal en el corazón del mercado negro de celulares, empero muchas de sus prescripciones se encuentran sin efecto toda vez que jamás fue reglamentada”, dijo.

“La preocupación generada por el uso indebido de teléfonos celulares en actividades delictivas motivó la sanción de leyes provinciales dirigidas a regular y establecer mecanismos que confieran un mayor control a las operaciones de compraventa y reparación de dichos equipos y de sus componentes”, precisó.

En ese sentido, contó que Mendoza fue pionera en la materia en tanto sancionó en noviembre del 2009 la Ley nro. 8.124 que creó el ‘Registro y Procedimiento para la Compra de Bienes Usados‘, mecanismo que obliga almacenar los datos de cada transacción de un bien usado. A tal fin, cada negocio que comercialice elementos usados debe llenar un formulario detallando la información del vendedor, así como los datos personales del comprador, descripción del bien vendido y números identificatorios del producto, ya sea de electrodomésticos, computadoras o celulares, por citar algún ejemplo.

Más reciente, Córdoba aprobó la Ley nro. 9.858 (17.11.2010) que creó el ‘Programa de Prevención y Lucha contra el Uso Indebido de la Telefonía Celular en la Comisión de Delitos‘.

“La legislación actual, que debería organizar el trabajo de policías, fiscales y jueces, deja enormes espacios librados a la buena voluntad de los investigadores. Tales vacíos permiten el continuo crecimiento de un negocio ilegal y peligroso”, alertó Berhongaray.

Si bien no se dispone de estadísticas provinciales, según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones de comienzos de 2009, por entonces existían registrados un total de 47.380.666 aparatos activados. Ubicándose el robo de equipos en una cifra próxima al 8%, estamos hablando de 3.760.000 celulares.