Otros 2 representantes serán del Poder Legislativo, de los cuales 1 pertenecerá a la oposición parlamentaria y también tendrán un representante cada una de las zonas dispuestas en la Ley 2358, el Colegio de Abogados y Procuradores y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Bruno propone que la Junta tenga “amplias facultades para proponer medidas de gobierno, conforme la competencia de los tres poderes del Estado, priorizando el abordaje de los siguientes aspectos:

1.-Mecanismos de seguimiento para el estricto cumplimiento de la ley y la conducta de los integrantes directos en la problemática: Magistrados judiciales e integrantes de la Policía de La Pampa.

2.-Instrumentos para priorizar la garantía del derecho a circular libremente y vivir con seguridad por parte de los pampeanos, dentro del marco de la Constitución y las Leyes.

3.-Priorizar los mecanismos y fondos del Estado para el tratamiento de la seguridad.

4.-Creación de servicios específicos y de institutos o readecuación de los existentes, para menores en conflicto con la ley.

5.-Asistencia por el Estado y obligatoriedad de su tratamiento, para las personas en conflicto con la ley, que consuman drogas.

6.-Participación ciudadana en la lucha contra el delito.

FUNDAMENTOS

Al dar cuenta de los fundamentos, Bruno recordó que un proyecto similar fue presentado por el Frepam en 2009 y como no tuvo tratamiento fue archivado.

“La actualidad provincial obliga a persistir en la idea planteada en aquel momento, perfectible como todas las ideas y proyectos que se presentan a discusión y consenso, pero merecedoras de su tratamiento”, dijo Bruno.

“Reiteramos por tanto los conceptos y argumentos que acompañaron el proyecto original”:

“La inseguridad que viven los ciudadanos de nuestra provincia, es un tema que preocupa cada vez más, ya que los hechos delictivos han dejado de ser aislados, para convertirse en algo cotidiano. Esta situación genera en cada persona un estado de tensión que obstaculiza el normal desenvolvimiento de la misma”.

“Al principio la delincuencia actuaba en las ciudades de mayor concentración poblacional, como son Santa Rosa y General Pico, pero en la actualidad este accionar, no solo se traslado a otras localidades de la provincia, sino que se producen, cada vez con mayor ocurrencia. También vemos que se registran acciones delictivas en las zonas rurales, donde la indefensión es mucho mayor que en un centro poblado”.

“Hoy no se respeta, ni la edad, el sexo, estado, etc. de las personas agredidas, seguramente hay distintas situaciones que generan estas conductas, pero la escalada de violencia se está tornando insoportable y es el momento de comenzar a concretar acciones que produzcan una disminución de estos hechos delictivos”.

“El ciudadano se pregunta que acciones se deberían llevar a cabo para terminar o al menos disminuir la ocurrencia de estos hechos”.

“Actualmente no hay repuestas, ya que todos los organismos abocados a este tema actúan como compartimentos estancos, y en general la responsabilidad está en el otro, y mientras tanto todo sigue igual y no se ve organicidad en el tratamiento del tema”.

“Sabemos que entre los involucrados se encuentran la justicia, la policía, el poder ejecutivo provincial, y cada uno por su lado trata de cumplir con su cometido, pero la solución no se vislumbra”.

“Es momento de que todos los actores se junten a tratar el tema, y es por eso que el objeto de este proyecto es crear una junta desde esta legislatura, que se aboque al análisis del problema, con la participación de los actores ya mencionados conjuntamente con los abogados del foro provincial y representantes de las distintas regiones”.

“Lo que debemos revisar es la legislación vigente y de ser necesario introducir cambios o dictar nuevas leyes que contribuyan a mejorar la situación, por lo que es necesario que también se involucren los legisladores provinciales”.