"La legislación que rige este órgano proviene de un período en el cual el mismo estaba intervenido, esto podría explicar la gran cantidad de atribuciones administrativas que le otorga a su directorio, equiparables a las del Gobernador, algo que no se repite en ningún otro ente de similares características. Esto tiene como resultado que se puedan saltear controles que las leyes y reglamentaciones imponen a otros órganos y entes estatales, otorgándoles un nivel de independencia tal que les permite funcionar como un Estado, dentro de otro Estado", expresó Giorgis en sus fundamentos.

La diputada también solicitó que la DPV se incluya en el Registro de Licitadores. "No es lógico que se solicite a una empresa que cuente con una capacidad financiera mayor que la solicitada en dicho registro, en la actualidad se pide que sean $40 millones, pero la DPV agrega una capacidad de endeudamiento de $4 millones que debe ser certificada exclusivamente por el Banco de La Pampa, y la cual en muchas de las obras está sobredimensionada. Todo ello induce a pensar que hay pliegos que son un ‘traje a medida'", explicó.

Giorgis también propone incorporar al decreto-ley 577/58, de creación de Vialidad Provincial, la obligación de llevar un Registro de Obras Viales y que este sea conocido por todos. "Para permitir que desde los diversos ámbitos de la sociedad y del Estado mismo se efectúen controles sobre las distintas etapas que corresponden al proceso de elaboración de pliegos, licitación, construcción, etc. que sin duda redundan en obras con la mejor calidad y al menor precio", añadió.

La última modificación que se incorpora es a la Ley 38, y es una de las recomendaciones que formulara el Fiscal de Investigaciones Administrativas referida a la publicidad de las licitaciones.