Por Eleonora Gosman

Reunida con sus ministros y parlamentarios, la presidenta Dilma Rousseff continuó hasta el mediodía de ayer la evaluación de las gigantescas movilizaciones que el domingo conmovieron al país. “Fueron muy sorprendentes”, según informaron colaboradores presidenciales que participaron del encuentro. Y no sólo por la cantidad de gente que se volcó a la calle:
Nos dejó asustados el rechazo a los políticos

Así declaró el diputado José Pimentel, que participó del encuentro.

La consigna del gobierno ahora es “intensificar el diálogo con todos los líderes, tanto de la coalición como de la oposición”. Sintetizó: “Conversar y oír mucho”.

Ayer, también, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, convocó a los diputados a permanecer en Brasilia porque tiene toda la intención de lanzar el proceso de juicio político contra Dilma. Ocurre que el legislador fue declarado hace una semana “reo” de la justicia por la Corte Suprema, con acusaciones de mantener cuentas no declaradas en el exterior y recibir en ellas 5 millones de dólares de las coimas de Petrobras. Y para la dirigencia opositora ese es un hueso muy duro de digerir. Sobre todo después de las señales de descontento recibidas el domingo, cuando el gobernador paulista Geraldo Alckmin y el senador Aecio Neves debieron dejar la gigantesca marcha silbados por la multitud. 

Pero también hay otros detalles. El oficialismo aseguró que tiene capacidad para reunir más que los 172 votos necesarios para impedir el juicio político.

El ministro jefe de la Casa Civil, Jacques Wagner aseguró que un proceso de impeachment “paralizará la economía brasileña por lo que queda de este año”. Juzgó también que “el sistema político del país sufre de vicios”. También él expresó su “alarma” por el repudio de los manifestantes a los partidos políticos. Es sin duda uno de los aspectos más novedosos de lo que ocurre en Brasil.

Sobre esa base, sostuvo:

El impeachment no es remedio para la crisis ni para la impopularidad. No hay ningún delito de responsabilidad atribuido a la presidenta Rousseff y el proceso es mucho más  político de intentar arreglar la economía con el juicio político.

Probablemente, numerosos sectores de la oposición rechacen el proceso que pretende iniciar Cunha. Inclusive, podría pensarse que buscará otro tipo de salidas, tales como “limpiar el campo antes de proceder a arar la tierra”, como le dijo a esta corresponsal una importante fuente opositora, en Brasilia.

No sería tan difícil desde que el presidente de Diputados está en la mira de la Corte Suprema. Y no es casualidad que ayer el procurador general de la República, Rodrigo Janot, haya viajado de urgencia a Suiza. En cuanto obtenga los documentos incriminatorios será cuestión de días alejar al golpeado titular de la Cámara Baja. Ese es el cálculo opositor. Pero también del oficialismo, que busca crear urgentes nexos con aquellos dirigentes de peso en el arco adversario, quienes además tienen más afinidades que los dirigentes del aliado Partido del Movimiento Democrático de Brasil. Entre los ministros de Dilma, muchos piensan que tal vez llegó el momento de cambiar de socio. Hay quienes afirman que si esto se concretara, le daría mucha más estabilidad a la jefa de Estado. Opinan también que no hay “barreras ideológicas” que lo impidan. Después de todo, el programa económico de Rousseff es el mismo que deberá aplicar quien la suceda. 

Entre tanto, en las calles se juega otro partido. Y no es menor. Se diría casi que es un clásico. Ayer, integrantes de la cúpula del PT y de los movimientos sociales sintieron fuerte el impacto de la masividad de las manifestaciones del domingo. El presidente de la agrupación Rui Falcao se manifestó “preocupado” con el alcance del acto. Otro tanto expresó el coordinador nacional del Movimiento de los Sin Tierra, Joao Paulo Rodrigues. “Antes era solo la clase media alta. Ahora hubo mayor participación de trabajadores” declaró.