Una ley que está aprobada pero no se aplica. Y un proyecto que, en paralelo, el Gobierno envió a la Cámara de Senadores para tratar hoy sobre tablas.

Ambos apuntan a asegurar ayuda a los productores afectados por las tormentas de granizo en Rivadavia y General Alvear; pero esta suerte de superposición de normas no solo puede demorar la ayuda prevista para el área productiva declarada en emergencia agropecuaria, sino que genera diferencias en el seno del Ejecutivo y críticas de la oposición.

Lo que de algún modo puede considerarse un vacío legal empezó a generarse a partir de la sanción de la ley provincial 8146 el 30 de diciembre, que contempla la adhesión a la norma nacional (26509) cuyo fondo asignado de $ 500 millones buscan repartirse las provincias que han sufrido pérdidas económicas (emergencia al 50%o desastre al 80%).

Pero el hecho de que aún no haya sido publicada en el Boletín Oficial disparó otra iniciativa, con la firma del gobernador en ejercicio, Cristian Racconto, para autorizar la compra directa de insumos (combustible, agroquímicos), y la contratación de servicios por hasta $100 mil, además de adherir a la herramienta de la Nación.

La decisión de apurar a la Legislatura para que dé el visto bueno ayer generaba las primeras manifestaciones en desacuerdo desde el seno del Ejecutivo. "No se puede aprobar una ley sobre otra ley que ya está sancionada. Tampoco es que esté mal, pero es una medida política poco efectiva habiendo otros instrumentos de mayor jerarquía y efectividad", señaló en tono crítico un funcionario del ministerio de Producción en off the récord.

Desde la cartera conducida por Raúl Mercau consideran que la ley de Presupuesto provincial avala la adquisición directa de bienes. Y que hay instrumentos disponibles suficientes, como la entrega de 7,5 kilos de sulfato de cobre por hectárea de cultivo dañado, y la posibilidad de obtener al menos $ 4 millones a cuenta de la Nación como asistencia.

A esto se suma que en marzo podrían empezar a liquidarse los pagos del seguro agrícola, a razón de $ 1.800 por hectárea, para propiedades de hasta 10 hectáreas al 100% de daño. Por eso hoy habrá un intento por desactivar la discusión legislativa a través del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

Cabe recordar que en octubre el Ejecutivo mendocino había dispuesto destinar $12 millones a unos 3.000 productores afectados por el granizo desde fines de 2008 hasta el 31 de marzo de 2010 inclusive; una ayuda reforzada también por la Nación.

El espíritu de la ley de Emergencia pasa por el diferimiento impositivo o condonación de deudas de obligaciones sobre actividades existentes, ganancias y patrimoniales, a lo que la oposición en la Legislatura quiere extender también al pago de patentes.

Si bien coincide en considerarla una medida política, el senador justicialista Vicente Russo defendió el proyecto propuesto por Racconto.

"Es algo coyuntural, como la emergencia en Seguridad, que nada tiene que ver con lo estructural. Resta definir un mecanismo para disponer de los $ 500 millones de la Nación porque, si bien es muy buena la ley, tiene resquicios de obstáculos administrativos. Es recorrer un laberinto interesante que obliga a tener que recurrir a un cierto poder de lobby para conseguir todos los fondos posibles". Para discutirlo, la Comisión de Economía del Senado citará la semana que viene a Mercau.