La ginecóloga del hospital Horacio Heller, Ana Grissetti, a través de su patrocinante legal, Daniel Tur, le presentó al Ministerio de Salud que se expida en un lapso no mayor de los diez días hábiles para dar una respuesta acerca de los abortos no punibles y adecuar el protocolo que rige en el ámbito provincial.

El miércoles de la semana pasada, Tur presentó un escrito que requiere un pronunciamiento expreso con pronto despacho para que desde la Subsecretaría de Salud se diga cómo se adecuará el protocolo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“En una oportunidad anterior, desde la Subsecretaría me respondieron formalmente que deberían ser los directores de hospitales quienes tengan que adecuar el protocolo; más allá de que yo también considere que, si se realizó a otro nivel, sería ahí donde se lo debería modificar”, explicó Tur.

En este sentido, el abogado sostuvo que “el director del hospital Heller (Osvaldo Neder) no ha tomado absolutamente ninguna medida que garantice las prácticas no punibles enmarcadas en el fallo, atento a que, según dijo el mismo Neder, es obligación de la Subsecretaría o del ministro de la cartera (Rubén Butigué) la adecuación del protocolo”.

Agregó que, de pronunciarse a favor del fallo, esto significaría que se deberá adecuar el protocolo que rige en la provincia y, de no hacerlo, se tomaría como una respuesta negativa. En ese caso, el siguiente paso que impulsará es el de la judicialización.

“La ley es un derecho de los pacientes como de los médicos. De los primeros porque, en general, quienes recurren al sistema público de salud son mujeres vulnerables, violadas en la mayoría de los casos por su entorno familiar y que no tienen adónde recurrir. Y de los médicos porque deben tener reglas claras para poder ejercer su profesión”, explicó.

Tur, quien realizó una tesis de postgrado sobre el tema, subrayó que no se trata de una despenalización del aborto, “el fallo de la Corte Suprema de Justicia no modifico ninguna ley ni ningún código ni despenalizó nada nuevo. Tan sólo fue decirles -desde el 13 de marzo de 2012- a los poderes ejecutivos y legislativos, como a los responsables de Salud, que la no punibilidad prevista en el Inciso 2 también alcanza a la mujer violada sana mentalmente. Siempre, en ambos casos, la interrupción del embarazo se debe resolver sin judicialización de ningún tipo e inmediatamente”.

“Son muy pocos los médicos que están respetando los derechos de los pacientes y cumplen con el fallo de la Corte, que data de marzo de 2012. El 99 por ciento no sabe cómo actuar”, aseguró Grisetti.

Por último, Tur subrayó que, en el caso de Neuquén, “es una aberración jurídica y un aniquilamiento de derechos humanos que un estado provincial delegue tremenda responsabilidad en la discreción de un director de hospital. En el resto del pais, la cuestion se ha resuelto o por ley provincial, o por decreto de gobernador o resolución del ministro de salud, incluso en provincias que por historia tienen un gran vínculo con la Iglesia Católica”.