En declaraciones a FM Ciudad 99.1, Pérez Rojas destacó la apertura de una licitación pública. “En su momento, habíamos analizado otorgarle al Grupo BAPRO la gestión del cobro de tasas en mora y también el relevamiento de publicidad y propaganda, así como el uso de espacios públicos y antenas, pero esto originó alguna discusión política porque algunos decían que BAPRO no era una empresa pública y por eso decidimos a partir del mes de marzo iniciar un proceso de licitación pública, donde la transparencia garantice estas cosas que son un poco delicadas”.

“Estuvimos trabajando durante abril y mayo, quizás con algunas demoras, atentos a distintas visiones por parte de la contaduría, del área de Procuración y de parte nuestra y, habiendo finalizado la redacción del pliego, está publicándose en los diarios locales el llamado a licitación y en esta semana se hará en un periódico nacional y en el boletín oficial de la Provincia”, señaló.

En esa línea, enfatizó que “era un tema que veníamos analizando desde el año pasado, imitando prácticas que han desarrollado otros municipios que están generando ingresos importantes por sobre lo normal que es el municipio”.

Según dijo, “en materia de Publicidad y Propaganda en particular, estas empresas u operadores desarrollan una actividad muy fuerte con un relevamiento muy importante que exceden la capacidad operativa del municipio con digitalización de imágenes, con obtención de información de los últimos cinco años con respecto a las grandes campañas publicitarias desarrolladas por las empresas”.

“En gestión del cobro de las tasas en mora sabemos muy bien que el municipio tiene un problema estructural: hace seis años que tenemos una deuda cercana a los 240 millones de pesos, sumado a eso lo que está en juicios, que son otros 100 millones de pesos y esta acción va destinada a mantener la calidad de los servicios y mejoras las obras que se están haciendo en la ciudad, hasta hacer más eficiente la administración tributaria”, aseveró.

Al justificar la decisión de tercerizar el cobro de deudas, Pérez Rojas insistió en que la Comuna “no cuenta con capacidad operativa” y especificó que eso implica la falta de “bases de datos, información respecto de la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes”.

“Nosotros podemos tener un indicador o un parámetro que es, por ejemplo, la valuación fiscal o la valuación de mercado de determinadas propiedades, pero no sabemos la capacidad contributiva efectiva del contribuyente, o sea, no sabemos si tiene tarjetas de crédito, si tiene créditos hipotecarios, si tiene deudas o si tiene otros ingresos. Tampoco tenemos otros datos que al no estar en los padrones, no nos permite llegar a determinados contribuyentes y muchas veces la lentitud en el manejo de la cosa pública hace que se pierda mucho tiempo, además de que hay poco personal, falta tecnología y capacidad operativa en territorio”, argumentó en ese sentido.

A su vez, el funcionario aclaró que “esto no significa que lo actual sea ineficiente”, sino que “para realizar un relevamiento de toda la cartelería en la ciudad, necesitaríamos 80 personas más y eso hoy por hoy es imposible”.

En ese contexto, indicó que los controles “serán de cartelería de la vía pública, uso y ocupación en la vía pública que tienen los distintos comercios sobre veredas y calles con mesas, sillas y gacebos, además de las antenas que existen en todo el Partido”, ya que “a través de la reforma de la Ley de Ingresos Brutos, la totalidad de los municipios, excepto tres, dejó de cobrar la tasa de publicidad y propaganda en el interior de comercios a cambio de fondos de reconversión de los recursos municipales y del fondo de inclusión social, entonces no la estamos cobrando; es más, el municipio de General Pueyrredon, a pesar de que tenía la potestad, nunca la cobró”.

Asimismo, puntualizó que se relevarán “las antenas de telefonía celular, televisión por cable, televisión digital y radiofonía, aunque las radios están exentas del pago de las tasas”.

En otro párrafo, al ser consultado sobre la comisión que le corresponderá a la empresa prestadora del servicio, Pérez Rojas sostuvo que “la licitación pública va a abrir un panorama interesante en materia de competencia con libertad de participación de una serie de oferentes y todo el resultado será en función a lo efectivamente cobrado, lo cual es una pauta de que al municipio no le va a generar un mayor costo sino que sobre lo que ellos gestionan sobre lo que van a recaudar –porque no van a recaudar ni van a iniciar acciones judiciales para facilitar el cobro-, van a obtener un porcentaje que el propio proceso de licitación pública va a dirimir en qué nivel se encuentra”; pese a que remarcó que “independientemente de eso, si el nivel es muy alto, el municipio tiene la decisión de no adjudicarlo”.

Por otra parte, el Secretario de Hacienda indicó que “la intención de cobro está estimada en los 300 millones de pesos si se contemplan todos los tipos de tasas que tiene el municipio”, aunque apuntó que en relación a la percepción de la tasa de Publicidad y Propaganda “suma 100 millones de pesos o más, ya que eso va a estar determinado por el relevamiento que se haga y por las intimaciones”.

En ese orden, descartó que la tercerización de esta actividad implique un fracaso de la Agencia de Recaudación Municipal: “Todo lo contrario, es reconocer la impronta que tiene la Agencia de Recaudación Municipal para llevar adelante mejores niveles de eficiencia en la administración tributaria; uno tiene que estar consciente de cuáles son sus limitaciones, es decir, si las limitaciones son de recursos materiales o tecnológicos, tiene que buscar las alternativas tendientes a mejorar la capacidad de cobro de la Agencia y desde ese punto de vista es una avance o ponerse al frente del problema”, sentenció.

“Cualquiera podrá verificar la seriedad y transparencia del proceso, en el que hubo cuatro intervenciones de la Contaduría y la Procuración. A nosotros nos hubiese gustado (tomar) otras opciones que nos garantizaban mayor idoneidad pero nos ceñimos a lo que establece la Ley Orgánica y la práctica común, más allá de que en este tema hay distintas posiciones respecto a cómo realizar la adjudicación”, concluyó.