El secretario de Economía y Hacienda, Daniel Pérez, aclaró los 200 millones de pesos que la empresa recolectora de residuos 9 de Julio le reclama al Municipio en carácter de deuda son “una expresión de deseo” y no una deuda real y exigible.

Tras la nota publicada por 0223 en la cual se afirmaba que la empresa 9 de Julio había enviado una comunicación oficial al intendente Gustavo Pulti en la cual le exigía una deuda de $205 millones de pesos. El reclamo se funda en que las redeterminaciones de precios que autorizó el Concejo Deliberante desde 2006 a la fecha a pedido del Municipio son provisorios, no definitivos. En ese sentido, para la empresa, las redeterminaciones han sido insuficientes y la diferencia son los 200 millones.

“Puede ser que se hayan generado diferencias, el Municipio no desconoce esa posibilidad, pero desconoce que la diferencia sea la que pretende la empresa”, remarcó Pérez en declaraciones a Radio Residencias.

En ese sentido, el funcionario municipal indicó que están intentando llegar a un acuerdo con la empresa para anexar a la prórroga del contrato una metodología que permita “verificar si lo que la empresa pretende es verosímil o no”.

El pliego de bases y condiciones contiene una fórmula polinómica que es la que se utiliza para aplicar las redeterminaciones de costos. Sin embargo, la complicación surge porque desde 2006 a la fecha algunos indicadores que se tomaban para establecer esa redeterminación dejaron de ser publicados por organismos oficiales y no existen registros sobre los incrementos que tuvieron. “Hay que buscar índices que lo reemplacen”, explicó Pérez. No obstante, al no ser oficiales se puede esperar que el Municipio presente un índice y la empresa otro, por lo cual se genera esta puja.