Lo que parece un simple teléfono celular, sirvió de ojo espía para mostrar un horror en una de las cárceles de Mendoza: en escena un grupo de agentes penitenciarios tortura sin pudor a un interno.Todo ocurre en el complejo SanFelipe, que se encuentra detrás de la antigua cárcel de Boulogne Sur Mer y el hecho generó escándalo y una crisis en un lugar que hasta ahora Celso Jaque había logrado mantener sin grandes sobresaltos.

Como primera medida, cinco penitenciarios fueron pasados a disponibilidad junto a quien en el momento en que se grabaron los videos estaba a cargo de la seguridad en SanFelipe. Tres de esos agentes fueron detenidos acusados de tortura y tormentos en la causa penal que lleva adelante el fiscal especial SantiagoGaray.

La denuncia la presentaron los abogados de Xumek, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y llega en un momento ambiguo: el Gobierno había celebrado hace un mes porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó la sanción que pesaba sobre la Provincia por las pésimas condiciones de las cárceles, medida que el Gobierno había "heredado" de la gestión de Julio Cobos.

Las imágenes de las torturas se conocieron ayer, pero ocurrieron el año pasado. Aunque en el Ejecutivo primero dijeron que se trataba de un hecho aislado, luego admitieron que no hay forma de asegurar que sea así. Y, a través del ministro Mario Adaro, se hicieron cargo de la situación."Nos hacemos cargo. Estos hechos nos avergüenzan. Hasta el momento nosotros determinamos que es un hecho aislado.Sí ha habido un sistema penitenciario que ha tenido durante muchos años enraizado este sistema de violación de derechos que queremos cambiar", dijo Adaro.

Desde la oposición presionan para que se tome alguna decisión política y hasta pidieron la renuncia de los responsables de la política penitenciaria.Ayer, en una reunión de la ComisiónBicameral de Seguridad, los legisladores pidieron al menos un "gesto" para marcar posición sobre el tema. Pero en principio desde el Ejecutivo se niegan a decretar la intervención del complejo.

La excusa para deslindar responsabilidades políticas es que en el momento en que fueron grabadas las imágenes el sistema penitenciario estaba a cargo de los interventores federales que fueron enviados por el Gobierno nacional.

Por ahora hay una causa penal en marcha, con tres de los penitenciarios detenidos. "Desde el Gobierno nos constituiremos en querellantes. Hemos puesto a disponibilidad a cinco penitenciarios y al jefe de seguridad interna", aseguró Adaro, ministro de Gobierno y responsable del sistema penitenciario.

Además de las imágenes de la tortura, en el celular hallado había otros videos que describen parte de la realidad "intra muros". En total eran más de mil videos, en los que había desde escenas pornográficas hasta imágenes que, según la visión de los denunciantes, delatan la forma de trabajo de los penitenciarios. En uno de los videos los agentes boxean, en otro simulan un "chispero" (un cable enchufado haciendo chispas con una cocina), y hasta armaron un noticiero "tipo Crónica TV".Todo mientras estaban de servicio.

"Esto pasa porque se nota el tiempo de ocio de los penitenciarios. No pueden estar 24 ó 48 horas trabajando. En un momento se saturan", dijo uno de los abogados de Xumek. Desde esa organización aseguraron no estar sorprendidos por la situación, pues aseguran que reciben denuncias todo el tiempo.

El sistema penitenciario generó al gobierno anterior una de sus peores crisis por las pésimas condiciones en las que vivían las personas detenidas en las cárceles y por las muertes que se sucedieron. Incluso Cobos debió mejorar continuamente la condición de las cárceles por la falta de solución. Así, en 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la Argentina por la situación de Mendoza.Esa medida fue levantada en diciembre, cuando aún no se conocían los videos de las torturas.

El presidente de la ONG Xumek, Diego Lavado, denunció la situación ayer a la mañana, pero no acusó al Gobierno.Lavado fue subsecretario de Justicia de Celso Jaque al inicio de la gestión y luego se retiró por diferencias con el Ministerio de Seguridad, que entonces conducía el demócrata Juan Carlos Aguinaga, pero sigue vinculado al PJ y a sectores del Ejecutivo.

"Sabemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno provincial. Tenemos una muy buena relación, un muy buen concepto del director de San Felipe y sabemos que están trabajando para que estas cosas no ocurran, pero lamentablemente siempre hay cabos sueltos", dijo Lavado en declaraciones radiales.