La gravedad de las denuncias que anticipó ayer Clarín precipitó las cosas. A primera hora de la mañana, el juez en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Norberto Tavosnanska ordenó el allanamiento al predio de Pola y De la Cruz, Villa Lugano, usurpado desde hace casi cuatro meses. Durante el operativo que llevó adelante Gendarmería Nacional secuestraron armas (entre ellas una Itaka) y hubo dos detenidos que estaban siendo indagados al cierre de esta edición.

“Todo esto surge de la investigación realizada por la toma ilegal del terreno. A nivel de la Ciudad hay dos causas abiertas: por la usurpación y por tenencia de armas. A nivel general también hay denuncias porventa de drogas, secuestro y asociación ilícita ”, detalló Martín Ocampo, Fiscal General porteño. Es que tras la detención de Marcelo Chancalay y las restricciones para Emanuel Ríos, Claudio Jiménez y Marcelo Urquiza –todos punteros políticos que, según logró probar la Justicia porteña, organizaron la ocupación– la situación se complicó todavía más.

Según se desprende del expediente, existe una disputa de poder entre los grupos que respondían a estos cabecillas. “Por un lado están los bolivianos, con vínculos con Chancalay, y por el otro los paraguayos, que se relacionan con la familia Jiménez”, había dicho a este diario Luis Cevasco, Fiscal Adjunto de la Ciudad.

En el allanamiento se secuestraron machetes, facas y otras armas carcelarias, además de un revólver calibre 22 y la Itaka que habían mencionado muchos de los testigos que denunciaron amenazas en la causa que investiga el fiscal Carlos Rolero. La tenencia de armas de guerra constituye un delito que excede a la jurisdicción de la Ciudad, mientras que el amedrentamiento de los testigos se sigue tramitando en la órbita local.

Según pudo saber Clarín, el fiscal Rolero pedirá la prisión preventiva para los dos detenidos –de nacionalidad paraguaya–, que intentaron resistir el operativo. Considera que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. También va a plantear la incompetencia del juez que intervino para que las actuaciones se anexen a la causa que lleva adelante la jueza Gabriela López Iñíguez, quien la semana pasada volvió a dejar en suspenso el desalojo hasta que pueda garantizarse “la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas”.

En declaraciones a TN, Ocampo aseguró que la Justicia tiene probado que “muchas de las personas que estaban en la toma no tenían una situación económica que requiriera la ocupación” y que “hay personas que están haciendo negocios importantes alquilando inmuebles en las villas”.

La desocupación del predio es necesaria para avanzar con el saneamiento y urbanización del terreno, como establece la Ley 1770 (cuyo incumplimiento se tramita en el juzgado de Elena Liberatori). “El desalojo se está tratando en una comisión especial, con autoridades de la Policía Federal y Metropolitana. Ya está dispuesto por la jueza, estamos tramitando la operatividad, pero vamos a resolver esta situación en el marco de la Justicia”, concluyó Ocampo.