Por una investigación, la Secretaría de Promoción y Desarrollo Humano suspendió a más de 6 mil personas que se encuentran en situación irregular.
En el primer operativo del año, de los 90.000 beneficiarios del programa Tarifa Solidaria se suspendieron 6.294 que se hallaban en "situación irregular". "Esta medida le permitió a la Provincia ahorrar desde abril a diciembre de 2009, $1.400.000", explicó en su momento la titular de la Secretaría, Alejandra Torres, quien a su vez recordó que mensualmente, el Gobierno de la provincia eroga 2.600.000 pesos para el sostenimiento del programa.
Actualmente en toda la Provincia 72.522 personas cuentan con el subsidio que, según el caso, exime al beneficiario hasta un 100 por ciento del pago de la luz, agua e impuesto inmobiliario. De ese total, 30.288 han sido catalogados bajo la figura de carenciados; 32.730 como indigentes y 9.504 beneficiarios no cuentan con medición por residir en una villa de emergencia.
Lo cierto es que tras un nuevo cruzamiento de datos, la dependencia a cargo de Alejandra Torres detectó 1.719 nuevos casos de beneficiarios en situación irregular, clasificados de la siguiente manera:
* 361 casos de personas que se hallan trabajando en relación de dependencia con haberes igual o mayores a los 2.000 pesos.
* 286 casos de jubilados con ingresos igual o mayor a 2.000 pesos.
* 13 casos de beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos igual o mayor a 2.000 pesos.
* 569 casos de beneficiarios fallecidos.
* 429 monotributistas.
* 13 casos de empleados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia con ingresos igual o mayor a 2.000 pesos.
* 45 casos de empleados públicos que perciben sus haberes bajo el programa Meta 4 con ingresos igual o mayor a 2.000 pesos.
* 3 casos de beneficiarios que a su vez son empleados de la Municipalidad de Córdoba con ingresos igual o mayor a 2.000 pesos.
Lo cierto es que desde el 2002 y hasta enero de este año, la admisibilidad al programa estaba a cargo del directorio del Ersep, integrado por representantes del oficialismo, del Frente Cívico y Social, de la Unión Cívica Radical y de los consumidores.
Sin embargo, a partir de enero de 2009, dicha tarea pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Humano, organismo que ya venía aplicando un riguroso control a través del cual logró detectar estas irregularidades. Cabe destacar que este operativo no es nuevo; el año pasado fueron 1.810 los beneficiarios que fueron dados de baja del programa. "Hasta el día de hoy ninguno vino a quejarse", advirtió Torres.
Por otro lado, la funcionaria rescató la importancia del cruzamiento de datos con bases "serias y bastante actualizadas", como la del SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) para la detección de estas "verdaderas estafas al Estado", ya que es imposible, en el corto plazo, enviar a las trabajadoras sociales a miles de viviendas –muchas de ellas del interior- para constatar si efectivamente el solicitante debe o no tener derecho al subsidio.
Comentá la nota