Una persona detenida con prisión preventiva y numerosas citaciones a otros involucrados para que presten declaración como imputados es la consecuencia de una investigación penal por fraude contra el Estado que se tramita en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo. El monto alcanzado en una serie de supuestos ilícitos con créditos fiscales supera los $ 15 millones, cobrados en un solo año.

La denuncia original fue efectuada por la jefa interina de la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI, María Marcela Ruiz, que derivó en la pesquisa judicial. Hasta el momento, se ordenó la detención de Andrea Martha Jiménez, como presunta principal responsable de una docena de operaciones con distintas empresas y personas particulares que tuvieron lugar durante 2007.

Sin embargo, durante febrero y a medida que se profundice la causa, se descuenta en los tribunales federales que habrá novedades con otros mencionados en el expediente, sobre cuyos nombres hay estricta reserva.

Las maniobras fraudulentas fueron iniciadas en la aplicación del decreto nacional 379/2001, por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación creó un régimen destinado a promover la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. Eran subvencionados con la emisión de un bono fiscal emitido por la Dirección de Industria, que servía para el pago de los impuestos nacionales a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, al Impuesto al Valor Agregado y otros.

El valor de cada papel era equivalente al 14% del precio de venta de cada bien producido, y se lo gestionaba contra presentación de la correspondiente factura. Estos créditos podían ser cedidos a terceros en una sola oportunidad, para la desgravación fiscal.

Relatos coincidentes

En su planteo, Ruiz explicó que ante Industria se habían presentado documentos falsos mediante la utilización de prestanombres (algunos sin capacidad económica para prestar los servicios que declaraban) que no revestían calidad de contribuyentes ante la AFIP-DGI o empresas ya desaparecidas. En los papeles presentados para los trámites ante la Nación, figuraba un poder especial a Jiménez para que realice las gestiones, aunque en las declaraciones indagatorias los mencionados aseguraron desconocerla (sólo tres admitieron que la conocían).

Los relatos también coinciden en señalar a quienes serían los cerebros de las gestiones, con descripción de los lugares físicos de reunión (tanto en Tucumán como en la Capital Federal) y de los contactos mantenidos. Pero la mayoría de los titulares aseveró que no firmó ningún retiro de los bonos nacionales y menos sus endosos. Obtenidos los beneficios fiscales, se los transfería a empresas que los usaban para cancelar obligaciones impositivas.

Algunos de los indagados, además, admitieron haber cobrado en distinto momento cheques por el mismo monto ($ 50.000), pero todos negaron haberse quedado con el dinero ya que alegaron ser simples empleados de empresarios que le encomendaron esa labor.

Jiménez negó toda acusación y haber participado en la comisión de un delito, pero reconoció haber realizado gestiones ante el organismo nacional donde se otorgaban los créditos de fomento.

Sospecha confirmada

"La imputación que le formulara el tribunal no fue desestimada ni contrarrestada en el relato de la imputada. Es más, se afianza el estado de sospecha cuando reconoce haber percibido personalmente en 11 oportunidades los bonos fiscales por una suma global de $ 15.212.089", remarcó Racedo en su decisión.

El juez federal interino confirmó que los valores variaron entre las distintas gestiones: el mínimo otorgado a un solo beneficiario fue de casi $ 400.000, mientras que el techo en las operaciones fraudulentas superó los $ 2,5 millones. En principio, la investigación era en expedientes separados, pero se la acumuló por la conexidad tanto objetiva (mismo accionar) como subjetiva (mismos involucrados).