Al mismo tiempo que unos 600 mil jubilados, en su mayoría mayores de 75 años, tienen pendientes sus reclamos por el 82% que el gobierno nacional se niega a implementar en sus haberes, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) el gobierno kirchnerista continúa haciendo negocios con el dinero de los jubilados. Ahora, el titular de la Anses Diego Bossio deberá explicar en la justicia presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA con los fondos del organismo previsional, luego de haber sido imputado en la investigación que inició el fiscal federal Federico Delgado.

Se trata de la suscripción de Letras del Tesoro por $ 835 millones y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, que se destinó a cancelar deuda de la petrolera venezolana con empresas esta­­tales argentinas.

Según explicó a Hoy el exgerente de investigaciones administrativas de la Anses, Juan Carlos Juárez, “el gobierno nacional hizo un fondo especial para los jubilados y empezó a tomar dinero de ese fondo para distintas fines como los programas Conectar igual (entrega de notebooks a alumnos de escuelas), Procrear (créditos para viviendas), prestamos del Banco Nación, incluso para comprar vehículos de alta gama, lo que desvirtuó y debilitó el sistema por la utilización de fondos para otras cuestiones”.

Esta situación contribuyó a que hoy la jubilación mínima (que es de $ 2.165) la cobran el 70% de los pasivos del país. Para Juárez , que es especialista en temas previsionales y diputado provincial por el Fap, “la ley debe ser taxativa para la utilización del fondos de los jubilados, que deben usarse para acercarse al 82% móvil se podrían utilizar para créditos a los jubilados que tiene una cobrabilidad del 100%”.

Por el contrario, el gobierno kirchnerista apuesta a dilatar los juicios de los jubilados para no tener que mejorar el pago de los haberes. Sin embargo, el diputado nacional radical Eduardo Santín, asegura que la Anses “puede afrontar los pagos de los juicios de los jubilados porque se calcula que el año pasado tuvo un superávit de más de $ 25 mil millones y el pago de las sentencias fue de $ 3 mil millones”.