El proceso comenzó en 2010 cuando la Corte de Salta dictó la Acordada disponiendo la eliminación material de los expedientes en condiciones de expurgo.
El proceso comenzó en 2010 cuando la Corte de Justicia de Salta dictó la Acordada 10743 disponiendo la eliminación material de los documentos y expedientes en condiciones de expurgo. Para ello se estableció un procedimiento donde intervinieron la misma Corte de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Sistema Provincial de Administración de Documentación y Archivos (SIPADA).
El proceso de destrucción y compactación fue supervisado por la Secretaria de Actuación de la Corte de Justicia, Mónica Vasile y el Inspector Notarial, Roberto Perotti.
Los expedientes fueron trasladados desde el Archivo Central del Poder Judicial en camiones hasta la planta de la firma Eco Norte Reciclados donde fueron colocados en una cinta transportadora que los llevaba hasta una tolva equipada con cuchilla para la destrucción y posterior compactación.
La firma emitió en forma posterior un “Acta de manejo confidencial y destrucción material” de la documentación y los expedientes enviados.
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