El Consejo Provincial de la Magistratura emitió ayer un fallo unánime. El magistrado fue separado del cargo por “inhabilidad moral sobreviniente” y “mala conducta”. Lo acusaban de ocupar irregularmente un predio fiscal en Almanza. La defensa anunció que recurrirá la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia. La destitución se produce a nueve meses de un proceso electoral complejo en Tierra del Fuego.
La decisión fue adoptada por la unanimidad de los integrantes del Consejo Provincial de la Magistratura, durante un jury de enjuiciamiento que finalizó en la víspera con la lectura del veredicto y la difusión de los fundamentos de la sentencia.
Maffei no estuvo presente durante el fallo que se conoció pasadas las 15.30 en el salón de audiencias de Tribunales, en Monte Gallinero, pero su abogado y apoderado legal, Enrique Vallejos, anunció que presentará un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia y que eventualmente recurrirá a la instancia federal para intentar revertir la medida.
Vallejos habló de un fallo “injusto”, sin “sustento jurídico” y con una “sobredosis política”. Denunció varias arbitrariedades y la presunta violación del derecho de defensa en juicio.
En cambio, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, se mostró conforme con la destitución y sostuvo que “corona” su actuación en el proceso como fiscal acusador.
Maffei dejará de ser juez cuando se notifique de la sentencia, y así permanecerá aunque se sustancien las apelaciones.
La destitución ocurre a nueve meses de las elecciones provinciales y municipales que requieren de una amplia participación del Juzgado Electoral. Las autoridades barajaban ayer la rápida designación de un sucesor para evitar la intervención en los comicios de jueces subrogantes de otros juzgados.
El magistrado había sido nombrado en el cargo en 1994, mediante acordada 51 del mismo organismo que ayer lo destituyó a través de la acordada 364 de este año.
El que concluyó ayer fue el segundo jury de enjuiciamiento realizado en la historia provincial. El anterior había sido en 1996, y terminó con la destitución del ex juez de Familia y Minoridad de Río Grande José Raúl Velazco.
Fundamentos
“La inhabilidad moral sobreviniente es en función de la imputación, que consiste en haber ocupado irregularmente un predio fiscal y haberla sostenido a la fecha, lo que resulta incompatible con su función en la magistratura. Y esto fue agravado porque pretendía obtener un rédito económico con la comercialización que esperaba hacer en ese predio”, declaró ayer el ministro Aramburu sobre las implicancias del proceso.
En cambio Vallejos consideró que la sentencia unánime “es un signo de las ausencia jurídicas del fallo. En este caso no es un buen indicativo”, advirtió, además de marcar una serie de presuntas falencias procesales.
La sentencia del jury fue suscripta por el Fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre, los abogados Carlos Andino y Clemente Vidal Oliver, los legisladores Ricardo Furlan y Mónica Urquiza y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume.
El primero en fundamentar su voto en la sentencia del jury que se inició por la denuncia del dirigente Adrián De Antueno, fue Martínez de Sucre.
El Fiscal de Estado opinó que Maffei “ha dado palmaria muestra de una conducta indecorosa, absolutamente reprochable, que no sirve como ejemplo siquiera para sus empleados”, y consideró que su conducta genera “desconfianza y el descrédito de la sociedad, que provocan un grave daño en la imagen del Poder Judicial de la Provincia”.
“Ha quedado claramente demostrada la mala conducta y falta de aptitud moral para cumplir la tarea encomendada, todo lo cual justifica una medida de la importancia que representa el disponer la destitución de un magistrado”, agrega el voto de Martínez de Sucre.
Por su parte el legislador Furlan evaluó que el juez “no ha observado con fidelidad, los principios y pautas éticas de probidad, rectitud y buena fe, lo que en definitiva hace que haya perdido su integridad moral y de espíritu para seguir llevando a cabo la elevada función que a los magistrados les encomiendan las disposiciones legales y constitucionales vigentes”.
“Ha tenido conocimiento, participación y beneficios personales de la ocupación irregular de un inmueble del Estado, en forma simultánea a la labor de los más diversos actores sociales tendiente a desterrar de nuestra idiosincrasia, la ilegal conducta de “usurpar”, expresó Furlan.
En tanto, para la legisladora Urquiza “el juez Maffei incursionó ilegítimamente en conductas disvaliosas con su investidura que han puesto en riesgo la credibilidad en la Justicia (…) Señalo ello, por cuanto no podrá obviarse que la ocupación irregular de tierras del Estado y su provecho, amen de ser ilegal, es materia de una alta sensibilidad social en nuestra Provincia que ha requerido en más de una oportunidad la intervención del propio Poder Judicial y de los demás poderes del Estado en pos de alcanzar una solución a tan particular y emblemática realidad”. Y agrega: “Lo antes manifestado, me indica establecer como máxima social, que si la ocupación y/o el uso y goce de tierras públicas de modo irregular de parte de cualquier anónimo ciudadano lo descalifica a este de por si frente a aquellos que se someten a las requisitorias legales y administrativas que impone el propio Estado (ya sea provincial o municipal) mas aun - se produce dicha descalificación - si quien comete dicha conducta es un juez quien además lo realiza, con fines especulativos y sin necesidad alguna”.
Más categórico aún, el juez Sagastume dijo que “se trata, en definitiva, de una falta gravísima en la conducta ejemplar que debe mantener un funcionario, en este caso, el Juez de Primera Instancia Electoral y de Registro”.
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