Una familia que sufre un robo. Un policía que concurre al lugar e intenta abusar de la víctima. Un expediente que se cajonea y desaparece. Un efectivo que denuncia. Un comisario que no escucha, encubre y ordena el traslado de los denunciantes. Recién cinco años más tarde, la Justicia logró ordenar las piezas de este rompecabezas.

El Juzgado en lo Correccional 4 condenó a un excomisario –ya retirado- a dos años y medio de prisión de ejecución condicional y a cinco años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos en una causa originada en marzo de 2008 en la ciudad de Mar del Plata.

Julio César Ley fue hallado culpable de los delitos de supresión de documento público agravada, falsedad ideológica de instrumento público agravada y encubrimiento agravado por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como jefe de la comisaría distrital 15.

Todo se inició tras el intento de robo que sufrió una mujer en su vivienda y el arribo de personal convocado por el 911. En esa circunstancia, uno de los efectivos la condujo a los fondos de la casa y la manoseó en sus partes íntimas, situación que fue denunciada por la víctima.

Según pudo acreditar la investigación posterior, Ley suprimió esa denuncia y tomó una nueva declaración en la que omitió insertar las expresiones referidas a la conducta de su subordinado. Posteriormente elevó dichas actuaciones con los cambios al Ministerio Público Fiscal.

Esta situación fue denunciada por un efectivo policial que se desempañaba en la misma comisaría, pero no fue atendida. Incluso, Ley dispuso el traslado del denunciante a la seccional octava ubicada en Batán.

Más allá de las irregularidades cometidas desde el inicio, la Justicia logró avanzar, lentamente, hasta llegar a un juicio abreviado. En el mismo, ya con Ley retirado de la fuerza, se lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos.

La resolución lo obliga a fijar domicilio en territorio bonaerense, informar sobre cualquier modificación y someterse al control del Patronato de Liberados hasta abril de 2015.