Es conocida dentro del ambiente judicial la antigua ojeriza que separa a dos magistrados locales, precisamente Eduardo Jiménez y Jorge Ferro. Algunos podrían pensar que se trata simplemente de una incompatibilidad de caracteres, o la tan habitual interpretación dispar de los hechos.

Pero los hechos dados a conocer durante el curso del presente año llevan a pensar que la brecha ideológica que enfrenta a estos funcionarios públicos es más que eso: ya es una batalla declarada que roza el hostigamiento y –como se diría en los medios más livianos- no resiste el archivo, que hoy está al alcance de una tecla “enter”.

Son muchas las voces que caracterizan a Ferro como un personaje de carácter autoritario y poco dúctil para la reflexión y el diálogo. Hasta aquí, una particularidad de temperamento, pero ¿es solamente eso?

Sucede que en mitad de un caso discutido, Eduardo Jiménez fue designado por la Cámara Nacional de Casación Penal para intervenir en un pedido de excusación del juez Carlos Nogueira, y también en una recusación interpuesta respecto del juez camarista Jorge Ferro.

Es por eso que se apuró a presentar su situación ante los organismos pertinentes indicando que el mismo Ferro se había ocupado de impugnarlo a él cuando se postuló al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, ocasión en la cuestionó directamente su idoneidad.

Esa impugnación le acarreó a Jiménez un cuestionamiento disciplinario por parte del Consejo de la Magistratura.

Bravo de veras

Por más que las impugnaciones fueron desechadas por improcedentes, Jiménez indicó: “(…) dejé constancia del cracker autoritario de la personalidad del Dr. Ferro, como asimismo del hostigamiento que viene llevando en mi contra desde hace ya varios años”.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones que sostienen este encono? ¿Qué es lo que tiene Ferro en contra de Jiménez? Hay diversas posibilidades.

Lo cierto es que Jiménez tiene, entre otras cosas, datos. Y por eso se ocupó, no solamente de dejar constancia de que Ferro había sido designado en Azul por la dictadura militar, sino de relatar la causa nº 2254, en curso ante el Juzgado Federal nº 1 de esta ciudad. En ese expediente, Eduardo Jorge Vergara -entonces imputado y hoy sobreseído- afirmó que Ferro, en un arranque de ira, le habría indicado: “(…) si no sabía que él era uno de los jueces que mandaba a tirar gente de los aviones”, en obvia alusión a los tiempos de la dictadura militar”.

Por supuesto que Jiménez no quiso que esto quedara en meros dichos de un testigo en un acta de audiencia, y elevó las correspondientes actuaciones a través de un escaneo del acta original. De todas formas, y por lo que sabe, hasta el momento el Consejo de la Magistratura no ha iniciado ninguna causa en contra de Ferro.

Por supuesto que la prensa tampoco se ha ocupado. Parece que no es éste uno de los personajes elegidos para confeccionar una jugosa historia de pasado oscuro. Parece que autoincriminarse como autor de los crímenes extremos de arrojar prisioneros dopados desde el aire es poca cosa para la mayoría de los medios.

De todas formas, y a pesar de todas estas advertencias, las autoridades de la cámara no encontraron al parecer obstáculo para que fuera el mismo Jiménez quien, junto con el juez Martín Bava, decidiera acerca del eventual alejamiento de Ferro, de quien se solicitó la recusación.

Por supuesto que Ferro puso el grito en el cielo: no sólo calificó los dichos como injurias, sino que preguntó cómo era posible que quien se decía hostigado fuera ahora su juzgador, y qué idea de justicia era esa. Rechazó la recusación y no se presentó a la audiencia. El paso siguiente fue que Ferro solicitó la recusación de Jiménez y dijo quiero retruco.

Todas las idas y vueltas tenían relación además con una causa concreta: el caso de Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo con la carátula de averiguación de delitos de acción pública. Su abogado ya no sabía a qué audiencia iba ni con qué juez, por lo que hizo presentes sus reservas de acudir hasta que no se resolviera la recusación pendiente. Reclamó que Jiménez estuviera presente, ya que consideraba que era el juez natural.

El letrado indicó que Asaro fue privado ilegalmente de su libertad poco después del golpe de Estado de marzo de 1976, y permaneció así hasta fines de ese año. Que salvó su vida azarosamente mientras permanecía en cautiverio clandestino, y que luego su situación fue blanqueada ante el Juzgado Federal nº1 de esta ciudad. Su titular lo puso a disposición de la autoridad militar máxima de la región, el coronel Barda.

Por lo tanto, dice con razón, resulta violento pensar que pueda decidir en tal cuestión, la situación de Asaro, un magistrado que juró fidelidad a la normativa emanada del gobierno de facto y a la legislación antisubversiva. Se refiere obviamente a Jorge Ferro.

Pero como resultado de todas las gestiones, la recusación contra Ferro resultó finalmente rechazada. Terminaron interviniendo en la cuestión Bava y el juez de Cámara César Álvarez: ellos dijeron que la recusación no puede ser impulsada por aquellos a quienes el juez no les daría, a priori, una resolución favorable. Dicen que si fuera así, todo el mundo recusaría a sus opositores ideológicos y terminaría forjando un tribunal a su medida. Dice el decisorio: “tras la excusa de la supuesta parcialidad de los magistrados se realicen movimientos tendientes a amañar la composición del tribunal, en beneficio de los intereses del o los recusantes, respecto de los cuales sin duda, y a todo evento, los jueces deben ser imparciales”.

Dicen que el sólo desempeño pasado de Ferro no basta para fundamentar una posible parcialidad en las decisiones. A nadie parece importarle que Ferro tirara gente de los aviones. Al fin de cuentas…

Pasar de largo

Eduardo Jiménez se presenta como un juez de la democracia. Y parece que lo que menos le gustó a Ferro fue que él hubiera sido uno de los 19 magistrados convocados a asistir a un curso sobre derechos humanos en Europa, en virtud de su prestigiosa gestión en causas vinculadas con estos temas.

Mientras todos los vericuetos anteriores se desarrollaban, Jiménez se ocupó de aprender un poco más acerca de las cuestiones que le preocupan, y asistió a ese seminario internacional que analizaba los crímenes del nazismo. En una entrevista concedida a la 99.9 el pasado 22 de septiembre, el magistrado considero: “Ese es dinero bien invertido. Lo que uno aprende en esas situaciones luego lo vuelca en su quehacer cotidiano”. Relató también que él y los demás asistentes al curso fueron llevados en avión hasta los campos de concentración más importantes de Alemania, con el fin de conocer más profundamente las situaciones en las que se suscitaron los hechos.

Una de las cuestiones que dirimió en la entrevista fue la diferencia entre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio: “todos los que trabajamos en estas cuestiones tenemos que estar alertas”, dijo, “porque siempre hay sectores políticos que se incluyen donde no les corresponde para sacar ventaja de las situaciones”.

Un crimen de lesa humanidad implica necesariamente la intervención del Estado, del apoyo del Estado. Si no lo tiene, es un delito común, y como tal prescribe. “Hoy se trabaja en los fueros internacionales con el fin de vincular el terrorismo con la figura de crimen de lesa humanidad, pero aún no hay nada establecido. Se encuentra en etapa de análisis”, afirmó.

Habrá que ver cuán lejos de los pensamientos del magistrado estudioso habrá estado la poco feliz frase de Ferro, que se enorgullece de los homicidios desde el aire. Habrá que ver si pensaba en alguien en especial cuando decía: “la imaginación de los dictadores genocidas es inagotable”. El verdadero despotismo ilustrado.