Justa y transparente. El resto viene por añadidura. Esto es lo que se pide del Poder Judicial. Pero cuando desde adentro mismo se habla de corporación, de arreglos y de poca transparencia que afecta a quienes trabajan dentro o cerca de la señora de los ojos vendados, las personas comunes, los justiciables no pueden tener muchas esperanzas.

En estos días en el Palacio Judicial de la ciudad de Mendoza varios han indicado que los concursos para nombrar nuevos funcionarios y magistrados son nulos porque hay integrantes de la comisión evaluadora que han beneficiado a los aspirantes con los que tienen alguna relación.

Las acusaciones están centradas en quienes meritúan a los aspirantes del fuero penal, pero quienes se quejan también se encargan en marcar las diferencias de cómo proceden los que integran la comisión evaluadora en el fuero civil y se da como ejemplo el caso de los doctores Héctor Ricardo Fragapane y Silvina del Carmen Furlotti, quienes en algunos exámenes se excusaron de evaluar a los aspirantes, argumentando que algunos eran adjuntos en las cátedras que ellos presiden en alguna de las universidades mendocinas.

Totalmente distinta fue la postura de ciertos profesionales que evaluaron a los aspirantes a algún cargo en el fuero penal. Y estas supuestas “ayudas” a los conocidos se dieron en los exámenes orales y no en los escritos, ya que allí la comisión aprueba o desaprueba sin saber a quién está calificando.

Pero al momento del examen oral todos se ven las caras. Así ocurrió en uno de los últimos exámenes tomados por este cuerpo, en el que el único que aprobó el examen oral para fiscal de cámara penal fue el doctor Gonzalo Nazar, en tanto que el único que resultó aprobado en esa instancia para juez de cámara penal fue Ariel Spektor. Ambos quizás tengan méritos y conocimientos suficientes para ejercer los cargos, pero es, al menos, poco ecuánime –opinan– que varios de quienes los evaluaron son sus superiores en algunas cátedras universitarias.

Concretamente, el doctor Gonzalo Nazar comparte materia en el postgrado de especialización de Derecho Penal con quien fue uno de los evaluadores en el examen oral, el doctor Jorge Coussirat, en la Universidad de Mendoza, como puede comprobarse simplemente accediendo al sitio web de la casa de altos estudios.

Algo similar ocurre con el seleccionado Ariel Spektor, quien trabaja en la misma universidad como jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Derecho Penal Especial, cuya titular es la doctora Susana García, quien actuó como jurista invitada en la evaluación oral.

Pero los lazos de relaciones también atan entre sí a otros integrantes de la comisión evaluadora. La doctora Belén Salido sería adjunta en la materia Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, junto con Susana García. Y quien representó en la comisión al Ministerio Público fue la doctora Paula Quiroga, que estaría vinculada a la cátedra de grado del doctor Jorge Coussirat en la Universidad de Mendoza.

Esta situación viola el artículo 6º de la ley provincial 6.561 que fija las causales de apartamiento, que están establecidas para garantizar la imparcialidad de quienes evalúan a los aspirantes a un cargo en la Justicia.