La difusión de una serie de fotos en las que se ve a menores desnudos durante una requisa policial en una cárcel de San Luis desató un escándalo. Tanto que el gobernador Claudio Poggi echó al interventor del Servicio Penitenciario de la provincia, el coronel retirado Inocencio Carpio, quien más temprano, aún en funciones, había admitido que se le caía “la cara de vergüenza” por esta situación.

El caso fue destapado por el sitio periodístico local San Luis 24. Según se constata en las impactantes imágenes, los internos eran obligados a desnudarse y arrodillarse, boca abajo, con la frente contra el piso y con las manos atrás, mientras los inspeccionaban los penitenciarios, acompañados por perros.

Las fotos causaron estupor en las redes sociales y las autoridades decidieron iniciar una investigación para identificar a los responsables de la humillante situación.

Una comisión de Derechos Humanos había ido por la mañana a la sede del penal para dialogar con el entonces director del Servicio Penitenciario. “ Se me cae la cara de vergüenza, pero tengo que corregir esto. Ojalá que no vuelva a ocurrir, el hecho no lo niego ”, dijo Carpio. “Me golpea como jefe del Servicio. Acá se hacen muchas cosas, pero esto de un grupo minúsculo que no está de acuerdo con las nuevas políticas”, agregó. Pero sus declaraciones no convencieron a Poggi, que por la tarde lo echó.

La requisa se produjo el 22 de abril de 2013. En las fotos se puede ver al oficial principal Mariano Ibañez, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Menores en ese momento, y a José Vélez, ayudante de 4°.

El procedimiento respondía a una investigación interna por una pelea ocurrida la noche anterior que tuvo como resultado a un menor herido con arma blanca.

Ana María Garraza, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, repudió públicamente las imágenes y expresó que eran “ típicas del horror sufrido durante la dictadura militar y se parecen a las imágenes que hemos visto en Guantánamo”, por la base naval estadounidense.

La funcionaria denunció el hecho ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“No tenía conocimiento del tema y ordené una investigación sumaria. No quiero minimizar el tema, son prácticas que estoy cambiando en el Servicio Penitenciario. Las requisas se hacen diariamente y se sacan pastillas, chuzas; de todo, pero este procedimiento no está permitido. Lo que me duele es que quien sacó esto (a la luz) es un agente penitenciario y no vino hablar a la Dirección”, se quejó Carpio.

Para Garraza, estos son hechos cotidianos ya que su dependencia recibe diariamente denuncias de familiares de procesados y penados que son maltratados. “Estas fotos vienen a poner en agenda públicalos hechos aberrantes que aún existen en esta provincia ”, afirmó la funcionaria, presa política durante la dictadura militar junto a toda su familia.

La cárcel de San Luis está ubicada en las afueras de la ciudad. El Gobierno terminó la construcción de un edificio modelo, para presos de máxima seguridad, en el norte provincial, en el límite con La Rioja. Procesados de Villa Mercedes se han suicidado en las últimas semanas y familiares de presos denuncian cotidianamente que se violan sus derechos.