La decisión del gobierno provincial de salir a comprar algodón para sostener el precio es oportuna y dispone de los mecanismos a través del Fondo de Fortalecimiento del Mercado Alogodonero (Mercal), dijo el presidente de la Asociación Argentina de Desmotadores, Juan Carlos Núñez, quien consideró que se trata de una herramienta válida para poner claridad en este tema en el que hay ideas muy encontradas respecto de quién fija los precios.
Recordó que esta situación se generó a partir del momento en que se toma conocimiento de una solicitud de la industria hilandera a la Secretaría de Comercio de la Nación respecto de los elevados precios que se abonaban por la fibra de algodón como consecuencia de los valores extraordinarios que en un momento señalaron todos los miembros de la cadena. Destacó que el principal motivo -que no es una cuestión de productores, cooperativas, desmotadoras y otras entidades ligadas puedan influir- es que efectivamente los compradores del exterior se retiraron, nos guste o no, y sucede porque los mercados son muy sensibles y ante una noticia como que se podía llegar a interrumpir la exportación despertó la lógica señal de alerta porque para comprar fibra en la Argentina deberían saber qué ocurre con esta posible intención. Núñez citó otro tema que les llama la atención en la cuestión precios, porque consideró que si los desmotadores no pagan lo que marca el mercado los productores pueden ir a sus cooperativas y venderles, pero, advirtió, el mercado no es para unos y para otros, es para todos por igual. En la Argentina se fija una calidad C1/2 y rendimiento de 33%, después hay bonificaciones o castigos según sea mejor o menor la calidad y el rendimiento en desmote. Cuando el gobierno sale y toma una fibra tipo D, acertado a esta altura y con las condiciones negativas del clima, con 33% hoy estaría alrededor de los 2.750 pesos la tonelada puesto en desmotadora más IVA, pago al contado. El mismo algodón pero con 30% de rendimiento valdría 90 pesos menos según la escala de cada comprador. Esos son los valores que pagan aquellos a quienes les interesa la prosperidad del algodón, pero no se los puede comparar con los “valijeros”, que no reconocen impuestos ni inscripciones y es ahí adonde debieran apuntarse los esfuerzos de la fiscalización por parte del gobierno provincial, porque dispone de los instrumentos, y la Nación para los impuestos federales como Ganancias, IVA, etc. Medida que alienta Volviendo a la operatoria que el gobierno provincial pondrá en marcha a partir de mañana consideró que es una medida que alienta y se orienta a disponer de una pequeña protección sobre el pequeño productor, porque es el que está más desamparado en esta situación, por diversos motivos como la carencia de capacidad de transporte de su propia producción hacia los centros de comercialización, entonces es bueno que para esa gama de productores exista esto y seguramente se activarán otros centros de compra como el que se pone en marcha en Villa Angela. Consideró que esto puede actuar como un acto reflejo teniendo en cuenta que diariamente se publicitarán las compras realizadas, cuánto se compró, de qué calidad y el rendimiento arrojado y el precio abonado. Esto servirá para que los productores que están más alejados o que tienen más dificultades para conocer las alteraciones diarias de este tipo de mercado estén informados y dispongan de la herramienta para defender el valor de su producto, que no solamente lo beneficiará sino que redundará favorablemente en toda la economía algodonera chaqueña que es tan importante, porque un buen precio de hoy es la primera preparación que se hace para una futura siembra en la próxima campaña. Del mismo modo, poner trabas a la exportación de fibra también juega sobre el futuro algodonero. Herramienta disponible Núñez señaló que la Fiduciaria, mediante el registro de las operaciones que haga por su cuenta y orden en la Bolsa de Comercio para tener certeza de los precios que se están pagando, volumen que se opera, calidad de fibra que va a los distintos mercados, dispone de la ley provincial 1096 por la cual todos los operadores, cooperativas, desmotadores, acopiadores, planchada de desmotadores, una figura de compra que algunos sostienen, tienen la obligatoriedad de estar inscriptos en la Dirección de Comercio Interior de la provincia donde se les asigna un número y quincenalmente bajo declaración jurada deben informar todos los movimientos realizados. Allí hay un reflejo claro de la actividad comercial algodonera, y quizás sea necesario poner un poco de energía para que quien no cumpla con esta obligación sea pasible de las sanciones que la misma ley contempla. La recogida por este medio es una información de carácter oficial de que podría hacer uso la fiduciaria a través del Ministerio de la Producción. Si existieran dudas de la veracidad de lo declarado el Estado dispone de los suficientes atributos como para pedir el cotejo de las facturaciones con las declaraciones juradas. Además consideró que sería bueno que toda denuncia que llegue de parte de los productores señalando haber recibido un precio vil por su algodón sea respaldada con la presentación de la factura donde conste la calidad, rendimiento y precio obtenido para que se conozca quiénes son los aprovechadores. Reiteró Núñez que la decisión del gobierno de intervenir en el mercado le parece adecuada y que con este sistema que se pondrá en marcha, así como se contará con información exacta sobre las compras, sería deseable que se conozca también la información con los mismos detalles en las ventas de la fibra a la industria para saber quién compró, a qué precio, calidad, condiciones de pago y de entrega para que todos dispongan de datos de la realidad Consideró importante que la Secretaría de Comercio de la Nación le haya asegurado al gobernador Capitanich que no habrá ningún tipo de restricción de fibra de algodón al exterior. Esto serena los ánimos porque la intención estuvo.
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