Durante la semana que se fue, el Concejo Deliberante sirvió finalmente como caja de resonancia de un debate postergado en los ámbitos institucionales pero que se estaba plasmando con intensidad en los medios de comunicación y en los ámbitos comunitarios: la significación de que la principal avenida de la ciudad siga homenajeando a Julio Argentino Roca.

El cuerpo legislativo municipal dio ese paso necesario para concretar la modificación que distintos sectores de la vida social y política de Santa Rosa reclaman desde hace años y que por diversas circunstancias se fue cajoneando.

Ahora, parece, llegó la hora de desmonumentar, y para ello resultaron útiles y esenciales las enseñanzas del escritor y militante Osvaldo Bayer, que explicó en nuestra ciudad -como lo hace desde hace larguísimo tiempo en distintos puntos del país y del mundo- las razones por las cuales Roca fue un genocida.

Los motivos para terminar con ese reconocimiento a un personaje que la historia ya pinta de modo más parecido al que fue -y que incluye entre sus principales acciones la decisión de exterminar a los indios de la región- han sido lo suficientemente expuestas en estas semanas.

Además -y bienvenido sea- la idea de desmonumentar se extiende a otros sectores y generaciones, ya con acceso más simple a una revisión de lo ocurrido en el país: existe el proyecto, motorizado por estudiantes, de cambiarle el nombre a la escuela Normal, que también sigue homenejeando a Roca.

El trámite de la audiencia pública, aunque no vinculante, posibilitó además que se escuchen en el Concejo Deliberante algunas voces -y contenidos- que de otro modo suelen estar ausentes en ese recinto.

Tampoco puede ignorarse que -bondades de la democracia- hubo espacio para discursos tan retrógrados que únicamente pueden comprenderse si se imagina un deseo de provocación, pero que se tornan ciertamente graves si se parte de la base de que al menos en un caso fue pronunciado por un “comunicador”.

Avelino Rodríguez tomó la palabra para denigrar a las comunidades originarias, exhibiendo una mayúscula discriminación y un macartismo que en el caso de otro expositor bordeó el ridículo cuando acusó a los organizadores del debate de representar a una suerte de fantasmas marxistas que tenían vaya a saberse qué horrendas intenciones.

Ante semejante despropósito, incluso aquellas desafortunadas palabras del viceintendente Ángel Baraybar sonaban sensatas, pero el contexto y la realidad sociopolítica no dejan otra opción: por fin el Concejo y la Municipalidad seguirán por el camino que vinieron demorando, para que, ahora sí, más temprano que tarde la avenida principal de la capital pampeana sólo homenajee a José de San Martín.

...y una de arena...

Si el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, algunos funcionarios judiciales parecen empeñados en demostrar que la corporación es capaz incluso de redoblar esa apuesta.

En un contexto en el que el Poder Judicial aparece cuestionado de manera contundente por su falta de noción de la realidad -tanto en algunos casos del nivel nacional como en ciertos casos de nuestra provincia- el juez Manuel Álvarez se inclinó por otorgarle la libertad al acusado de una cruel violación en perjuicio de su expareja.

El episodio ocurrido en la localidad de La Reforma es de una inusitada violencia, constituye desde ya un hecho de violencia de género y refresca las tragedias recientes que tuvieron que sufrir otras mujeres pampeanas por la desidia, la pereza, la incompetencia o la complicidad de otros funcionarios judiciales que no protegieron a las víctimas.

Se supone que los funcionarios judiciales no son seres desprendidos de la realidad en la que se mueven; no están en otra dimensión ni privados de comprender los dolores, expectativas, riesgos e ideas de cualquier ser humano. Es en ese sentido que parece una necesidad la mentada "democratización de la Justicia".

Sin embargo, a veces hay quienes se comportan exactamente como si fueran parte de una raza especial, dedicada al mero estudio de las letras frías y con absoluta depreocupación e indiferencia por la vida de las personas, especialmente si las víctimas son mujeres que viven en la pobreza económica.

Esas conductas, que en ocasiones se pretenden presentar como garantía de objetividad o imparcialidad, son en realidad la más contundente demostración de la ideología reinante en ciertos ámbitos, donde el machismo y el clasismo son parte de su esencia.

Los ecos del fallo que deja en la impunidad el secuestro de Marita Verón ni siquiera parecen hacer impacto en el magistrado pampeano, como tampoco parece verse alcanzado por las significaciones de los crímenes que sufrieron Carla Figueroa y Sofía Viale.

En ambos casos, la Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias, aunque también hay que decir que en el primero de esos episodios, también el poder político contribuyó a la reproducción de esas desidias y negligencias, puesto que permitió -con respaldo de abogados y del STJ- que los jueces responsables quedaran a salvo.

Otra de las deficiencias del poder político pampeano salta a la luz en estos días tras el escándalo de la Justicia tucumana, aunque los diputados han adoptado el compromiso público de impulsar de una vez el proyecto de Ley de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, que se presentó en marzo del año 2009.