En las próximas horas la Cámara en lo Penal de Concordia, designará a uno de sus integrantes como el juez que resolverá sobre la apelación de los 18 policías imputados de sedición y otros delitos, cuya prisión preventiva fue solicitada por el fiscal Mario Guerrero y resuelta favorablemente a favor de los argumentos del Ministerio Publico por el juez Garantías, Alberto Funes Palacios.

La defensa de los policías la ejercen los abogados Juan José Buktènica; Edelmiro Díaz Vélez, Cesar Bonato y el defensor penal oficial, Alejandro Giorgio.

Precisamente, los mencionados presentaron los alegatos y están aguardando la designación del magistrado que resolverá en apelación si confirma la prisión preventiva o no, o bien en caso de ratificarla si 17 de los 18 imputados continúan en el penal de Federal o bien cumplen los 60 días impuestos oportunamente en primera instancia en sus respectivos domicilios de nuestra ciudad. El “número 18” se encuentra internado, con custodia policial, en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, reponiéndose de una dolencia.

Allegados a la defensa confiaron a EL HERALDO, que del estudio minucioso del expediente y las distintas actuaciones que lo componen, “surgen notables contradicciones en los testimonios”, en los que seguramente se apoyará su pedido de revocación del auto de prisión preventiva por 60 días, o bien el traslado a Concordia de los detenidos.

La fuente explico que existe la valoración subjetiva de los argumentos esgrimidos por Funes Palacios al fundamentar su decisión , cuando expresó que “el juzgador cuando debe tomar medidas que resuelvan cuestiones de funcionarios (en este caso policiales) en la administración de justicia, le cuesta cuando tiene contacto a diario con algunas de las personas imputadas”, a lo que agregó en su oportunidad “que tenemos conocimiento de los mismos desde hace muchos años” y recordó que lleva 25 años en la administración de justicia.

Por lo expuesto, relatado en forma sucinta, estiman que la valoración subjetiva indica que Funes Palacios debería haberse autoexcluido de ser quien resolvería la cuestión de la prisión preventiva, pero “no lo hizo”.

El propio magistrado respondió, según su entender, durante su exposición previa a la resolución de hacer lugar al pedido de la fiscalía, reconociendo que reconoce esa situación, pero aseguró “que no lo comprometía para resolver las cuestiones planteadas”. En tal sentido, agregó que “simplemente quiero decir que no es fácil y resulta complejo para el juzgador tener que decidir al respecto”.

Una vez resuelto quién será el magistrado, se fijará día y hora de la audiencia pública por la apelación a la prisión preventiva y al lugar de detención de los policías imputados.