La designación del hasta anoche juez de instrucción de la primera nominación de la Capital, doctor Mario Eduardo Martínez como fiscal federal “ad hoc” para casos de lesa humanidad complicó aún más el ya delicado servicio de la administración provincial de justicia. De los tres juzgados de instrucción de la Capital, uno estaba vacante por la renuncia del doctor Alejandro Manuel Arce y Martínez junto al juez Héctor Daniel Barría estaban a cargo de ese juzgado. Ahora, con un sólo juez y dos presuntas vacantes la situación pasa a ser más complicada aún. La noticia tomó estado público ayer, a través del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación (www.mpf.gov.ar), donde se publico la resolución de la Procuradora Fiscal de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó.

La resolución de la doctora Gils Carbó indicó textualmente: “Designar al doctor Mario Eduardo Martínez en carácter de Fiscal “ad-hoc”, para que intervenga en forma conjunta o alternada con los magistrados a cargo de las causas en trámite por crímenes de lesa humanidad de la sección judicial de La Rioja sin distinción de instancias, y de la misma forma, en el desarrollo de los debates orales de la sección Córdoba”.

Resolvió asimismo “hacer saber al doctor Martínez que, por imperio de la leyes 25.188 y 26.857 y lo normado por este Ministerio Público Fiscal en la Resolución PGN 1302/13, Anexo I, dispone de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación de la presente para dar efectivo cumplimiento a la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial”, así como “aclarar que la contratación bajo la modalidad de relación de dependencia autorizada en la presente resolución no generará derecho a la estabilidad ni expectativa de efectivización alguna”.

Al cierre de esta edición, la publicación de la resolución de la doctora Gils Carbó levantó una ola de críticas, como por ejemplo la del abogado defensor de derechos humanos, Miguel Ángel Morales, querellante en el juicio por el asesinato de Angelelli por la familia del ex obispo, quien se quejó “de los casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos en por lo menos tres casos o tres expedientes que el doctor Martínez tiene cajoneados desde hace tres años y que involucran directamente a efectivos policiales”.

Al cierre de esta edición se desconocía si Martínez ya firmó el contrato y si ya están corriendo los 30 días para presentar la declaración jurada, así como si ya habrá definido su situación frente al juzgado de instrucción, cuya renuncia deberá ser tratada por la Legislatura.