Con la designación de las autoridades de la Fiscalía y la Defensa realizada ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en Santa Fe, el nuevo sistema de Justicia Penal dio un paso clave con vistas a su implementación durante el segundo semestre de este año. El gobernador, Hermes Binner, presidió ayer en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, el acto de designación de las autoridades de la Fiscalía y la Defensa del nuevo sistema de justicia penal. “Hoy estamos ante un hecho trascendente en la historia política de la provincia de Santa Fe, tan trascendente como fue la sanción en la gestión anterior del Código Procesal Penal, y que nos marca una línea de trabajo que recién comienza”, afirmó el jefe de Estado provincial, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Griselda Tessio, y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti.

Julio de Olazábal asumió como Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia, por lo que tendrá bajo su responsabilidad la formación del organismo. En tanto, el santafesino Carlos Arietti fue designado como fiscal Regional de Rafaela, el rafaelino Ricardo Miguel Fessia fue designado como Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Baclini como fiscal regional de Rosario y Eladio García como fiscal regional de Reconquista.

El defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe es Gabriel Ganon, quien tendrá a su cargo las sedes regionales del organismo. En esta estructura, se encuentra Estrella Moreno, quien estará al frente de la Defensoría Regional de Rafaela, mientras que Sebastián Amadeo asumió el mismo cargo en Santa Fe, Gustavo Franceschetti en Rosario y Ariana Quiroga en Reconquista.

“Es un momento extraordinario para mirar hacia delante, para generar políticas de Estado, para ver que en esa continuidad está la gran posibilidad de construir una Santa Fe mejor”, subrayó Binner, quien agregó que “la independencia de los poderes, pero también en el diálogo interpoderes que existe con los poderes Judicial y Legislativo”.

Las nuevas autoridades judiciales fueron elegidas a través de concursos públicos en los que un tribunal evaluador calificó los antecedentes y la oposición de los concursantes. Esta instancia contó con la participación de representantes de organismos internacionales dedicados a la transformación de los sistemas judiciales en Latinoamérica.

El nuevo Código Procesal Penal se basa en un régimen oral que reemplazará al actual sistema escrito, lo que permitirá agilizar los tiempos del proceso. Asimismo, modifica sustancialmente las responsabilidades de jueces y fiscales en la investigación de los casos a la vez que concede mayor relevancia a la figura de la víctima.

En la ceremonia también estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, los ministros de Seguridad, Alvaro Gaviola; de Salud, Miguel Cappiello; de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero; de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio; y de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Rodríguez. Además, participó el intendente de Santa Fe, Mario Barletta; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina; el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre y el secretario de Justicia, Roberto Vicente.

MOMENTO FUNDACIONAL

El ministro Superti también reconoció al acto de designación de las autoridades de los nuevos organismos como “muy significativo, casi fundacional, en este proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal que en realidad constituye una verdadera transformación institucional en la provincia de Santa Fe”.

El funcionario hizo luego un detallado repaso de las diferentes etapas que debieron atravesarse en este proceso hasta llegar a la actual designación. “Cuando comenzamos la gestión encaramos una de las tareas más importantes y difíciles, que era implementarlo, porque una cosa es sancionar un código, y otra cambiar la realidad. Y esa implementación no era rápida ni fácil”, explicó Superti.

El ministro destacó la transparencia en el sistema de selección de los nuevos funcionarios judiciales al expresar que “quienes fueron designados llegaron a esos cargos por sus propios méritos, a través de un proceso público, con participación ciudadana, y sin ningún tipo de predeterminaciones”.

“MITOS” DESPEJADOS

Superti expresó también que “todas las cuestiones que se le atribuían a lo económico y estructural están superadas: en el presupuesto 2011, y en el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se consignaron las partidas presupuestarias necesarias, o por lo menos que se estimaban necesarias, para que estas estructuras pudieran funcionar, y la cantidad de cargos necesarios para que la Reforma Procesal Penal pudiera desarrollarse”.

Superti adelantó también que se enviará a la Legislatura un proyecto de ley elevando los mismos cargos tal como se hizo con anterioridad en el Presupuesto, pero que habían sido rechazados por el Poder Legislativo -el que pidió que se envíe la creación de cargos por sectores-, “para que sean tratados de forma especial como se solicitó, ya con el respaldo de las partidas que sí fueron aprobadas. Y, de esa manera, en estos 180 días poder armar todo lo que se necesita, porque la decisión política del Poder Ejecutivo es la misma que estuvo presente cuando se envió el presupuesto”.