La compleja situación que atraviesan clínicas y sanatorios privados no es novedad. En los últimos tiempos han sido reiterados los planteos de prestadores y entidades representativas del sector respecto del desequilibrio financiero que afecta a los establecimientos sanitarios, producto del atraso en el pago por parte de algunas obras sociales, fundamentalmente el Instituto Obra Médico Asistencial (Ioma), el incremento del costo de insumos médicos y no médicos y una nueva recomposición de sueldos que se avecina, en el marco de negociaciones paritarias que se estima comenzarán el mes próximo.

Según un informe difundido por Adecua (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), los aranceles que los establecimientos de salud les cobran a las prepagas y obras sociales tienen, en promedio, un retraso del 39 por ciento, si se considera la diferencia entre el incremento que tuvieron en los últimos 10 años los costos de las prestaciones médicas y la suba de los ingresos percibidos por la atención de pacientes.

La principal dificultad que denuncian los prestadores es que las mejoras que se consiguen en los convenios llegan varios meses después, con un cronograma incierto que genera mucha inestabilidad. A juicio de los prestadores, esta situación que viene produciéndose desde hace mucho tiempo genera un “desajuste financiero que se agrava” porque los recursos, cuando llegan, lo hacen entre 60 y 90 días después de haberse realizado la prestación.

Los efectos de este desequilibrio varían según el tipo de entidad de que se trate, y lo más delicado es que generalmente los establecimientos más afectados con las clínicas pequeñas que no cuentan con estructuras financieras como para sortear tantos defasajes.

Según cifras oficiales, entre enero y marzo, el índice de costos prestacionales mostró un incremento del 5,4 por ciento. Tuvo un peso significativo el alza de precios de insumos médicos, que llegó a 11, 3 por ciento. Los gastos no médicos (que incluyen alimentos, servicio de lavandería y seguridad) subieron 7,7 por ciento.

Con respecto a los aranceles, en ese mismo período “prácticamente no hubo subas”, según señalan desde la entidad que nuclea a clínicas y sanatorios privados, lo que acrecentó la crisis que vienen afrontando las empresas desde tiempo.

Ioma y Pami

En el caso de Pergamino, el sistema se sostiene en gran medida sobre la base de la atención de pacientes provenientes de obras sociales como Ioma y Pami, otros mutualizados y usuarios de empresas de medicina prepaga.

Teniendo en cuenta el caudal de pacientes, la mayor dificultad se advierte en términos generales con los pagos del Instituto Obra Médico Asistencial (Ioma) que, según señalan los prestadores, se reciben con atrasos.

El último aumento logrado en el convenio con el Ioma para las clínicas fue de un 10 por ciento (acordado en abril) y se verá reflejado recién en septiembre, en virtud de los recurrentes retrasos, estiman que en forma posterior al aumento de paritarias que comenzará a discutirse el mes que viene.

Actualmente las clínicas en junio están cobrando prestaciones del mes de febrero.

Incrementos salariales

En este contexto, en los próximos días, el sector de sanidad comenzará a negociar mejoras salariales con los establecimientos privados de salud, lo que significará una nueva actualización de la escala salarial que estiman tendrá vigencia a partir de agosto.

Se calcula un porcentaje de aumento en torno al 25 o 26 por ciento en dos etapas. Este dato no resulta menor para la administración de clínicas y sanatorios en el esquema actual de prestaciones y en el contexto de la situación financiera que atraviesan. Desde el sector sostienen que es casi imposible poder trasladar este porcentaje de aumento al valor de los aranceles que perciben de los prepagos. En este sentido, desde las entidades representativas del sector señalan que deberían estar percibiendo un 39 por ciento más sobre los aranceles actuales como para poder cubrir los costos “no para tener ganancias”.

Según un informe difundido por Adecra, desde 2008 el incremento del costo laboral acumula un 220 por ciento.

Alerta

En los últimos días y bajo la consigna: “La población tiene que saber que peligra la atención de la salud”, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) emitió un comunicado en el que advirtió sobre la crítica situación que viven clínicas, sanatorios y hospitales privados “que se debaten en un medio político, social, económico y financiero que los conduce, pausada pero inexorablemente al cierre o a un funcionamiento acotado”.

“El Programa Médico Obligatorio (PMO) contiene un menú prestacional que no se corresponde con los recursos que ingresan a las obras sociales obligadas a cumplirlo, las que se financian pagando aranceles no retributivos a los médicos y establecimientos”, señala el comunicado de Fecliba y agrega: “Dificultosamente hemos alcanzado a cubrir el aumento salarial del personal, surgido de paritarias anteriores y ya estamos al borde de tener que responder sin recursos a una nueva negociación, expuestos a una situación conflictiva que no tenemos cómo evitar”.

“El derecho a la salud, sin clínicas sanatorios y hospitales se transforma en una utopía, más aún cuando al colapso del sector privado se suma el manifiesto y notorio deterioro y la deficiencia prestacional de los establecimientos estatales”, refirió Fecliba en el comunicado.

El documento difundido por Fecliba describe “la angustiosa situación” de clínicas y sanatorios que alertaron “se agudiza inevitablemente para los establecimientos que, en el mejor de los casos, cobran por sus servicios a los noventa días de la prestación y sufren, como en el caso de Pami, descuentos injustificados en el valor de las cápitas”.

Lejos de mejorar, la situación de los prestadores privados de salud es cada vez más crítica, razón por la cual los establecimientos han realizado los ajustes en sus sistemas de costos para afrontar la coyuntura, sin resentir los servicios esenciales. Por delante lo que quedan son medidas de fondo que escapan a los propios establecimientos. Lo que exigen es el cumplimiento de un cronograma de pagos que de certidumbre.

Un iceberg

Cuando se habla del sector privado de la salud, se hace referencia al ámbito en el que se atiende una buena parte de la población, que accede a los servicios a través de sus obras sociales. En este sentido, la situación que desde hace tiempo vienen denunciando las clínicas privadas es sólo una parte de la problemática que envuelve al sistema sanitario en general, inmerso en un complejo entramado de financiamiento atravesado por conflictos cruzados y que se expresa de diversas formas, tanto en lo público y como en lo privado.