El juez riocuartense José Antonio Peralta, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Primera nominación, acaba de quedar al borde del jury de enjuiciamiento luego de que la Fiscalía General de la Provincia presentara el martes pasado el pedido formal que podría acabar con su destitución.

Al controvertido magistrado se lo acusó de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y se le atribuyó un cúmulo de irregularidades que incluyen una “conducta desaprensiva” y una “falta de celeridad” en causas que por su delicadeza debieron ser resueltas con presteza.

El pedido de juicio político puso en evidencia “una alta y preocupante cantidad de fallos” del juez Peralta que fueron revocados y, según la denuncia del fiscal general Darío Vezzado, eso se debería a la “ostensible y reiterada violación al deber de fundar lógica y legalmente sus pronunciamientos”.

Peralta quedó en la mira del Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2007 a raíz de la publicación de la revista mensual El Sur que dio detalles sobre una demanda en su contra por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Además, esa revista hizo mención a un engorroso episodio ocurrido en 2005 en los Tri­bu­na­les cuando, en ple­no jui­cio, una ado­les­cen­te de 15 años que era obli­ga­da a tra­ba­jar co­mo pros­ti­tu­ta con­tó que en­tre la lis­ta de sus clien­tes ha­bi­tua­les se en­con­tra­ba “un tal Pe­ral­ta, al­to, de an­teo­jos, de Tri­bu­na­les”.

Aun­que la des­crip­ción se ajus­ta­ba lla­ma­ti­va­men­te al juez que se de­sem­pe­ña en el Juz­ga­do Ci­vil y Co­mer­cial de Pri­me­ra No­mi­na­ción, el in­ci­den­te no pasó de ser un mo­men­to in­có­mo­do pa­ra quienes es­ta­ban en la sa­la porque la madre de la menor prostituida le dijo al fiscal Julio Rivero que no quería hacer ninguna denuncia.

La ex­po­si­ción me­diá­ti­ca pro­vo­có preo­cu­pa­ción en la Aso­cia­ción de Ma­gis­tra­dos don­de, por esos días, lle­gó una no­ta for­mal de los propios fun­cio­na­rios ju­di­cia­les que pe­dían su in­ter­ven­ción.

Esquirlas de una acusación

Si el escándalo no tuvo mayores consecuencias legales para el juez fue porque Rivero consideró que, al tratarse de un delito de instancia privada, el caso debía archivarse. Pero las esquirlas de aquel episodio quedaron clavadas hasta la actualidad porque, tres meses después de la publicación del artículo de Hernán Vaca Narvaja, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arnaldo Andruet, puso en conocimiento de estas acusaciones a la vocal Aída Tarditti, quien ordenó un sumario administrativo.

Así fue como en diciembre de 2007 desembarcó en los tribunales locales una comisión investigadora encabezada por la fiscal general adjunta de la Provincia, María Marta Cáceres de Bolatti, quien, junto a tres colaboradores, revisó todas las causas en las que se encontraba en entredicho la actuación del juez.

El resultado de ese minucioso trabajo tuvo su culminación el martes pasado, cuando el fiscal general Darío Vezzaro pidió al jurado de enjuiciamiento la apertura del jury a Peralta.

En el escrito al que tuvo acceso exclusivo este diario, el funcionario provincial aseguró que “las imputaciones se concretan en las distintas y reiteradas actitudes adoptadas por el magistrado en lo cotidiano de su labor judicial”, y agrega: “Se trata de un cúmulo de comportamientos que deben ser ponderados en modo integral, como un universo conductual, que exponen una actitud desaprensiva respecto de los cometidos propios de su función”.

Al juez Peralta el fiscal general también le reprochó “un obrar ineficiente y negligente, el que habría sido verificado en la inspección llevada a cabo en el Juzgado respectivo por el Ministerio Público Fiscal, órgano que por mandato constitucional tiene funciones específicas de control de la correcta prestación del servicio de justicia”.

Por último, se le atribuyó tener “un perfil incompatible con el que es esperable de quien ejerce una de las más altas funciones del Estado, toda vez que presenta conflictos de relación humana muy importantes, así como también se halla sospechado en cuanto a su imparcialidad”.

Para dimensionar la gravedad de la acusación y el impacto que tendrá en la Justicia riocuartense basta recordar que el último antecedente de un pedido de jury a un magistrado de los tribunales locales se remonta más de una década atrás, cuando el entonces juez Alberto Magnin Lavisse fue apartado de sus funciones.

Cómo sigue

Quien debe decidir si aprueba o no el juicio político contra el juez Peralta solicitado por la Fiscalía General de la Provincia es el Jurado de Enjuiciamiento integrado por un representante del Tribunal Superior de Justicia (la doctora Aída Tarditti), además de cuatro legisladores, dos por el oficialismo (los justicialistas Walter Saieg y Sergio Busso) y dos por la oposición (el radical Miguel Nicolás y Rodrigo Serna, del Frente Cívico).

La experiencia de esa comisión indica que la gran mayoría de las solicitudes es aceptada. Si eso se confirma en este caso, el fiscal general Darío Vezzaro deberá formalizar su acusación y se abre un plazo legal para que el ma-gistrado riocuartense pueda presentar su defensa.

Si el jurado de enjuiciamiento decreta la culpabilidad del acusado, inmediatamente ese funcionario es destituido.