La semana próxima se concretará una medida impopular debido a que impactará en el bolsillo de los mendocinos. Se trata del aumento del 7% en la tarifa eléctrica de Mendoza a partir del 1 de noviembre, el tercero en el transcurso del 2013, que será -una vez más- parejo para todos los segmentos de consumo ya que incluye también a las demandas inferiores a los 300 kilovatios por bimestre.

En realidad, es la segunda parte de la "readecuación" de tarifas, que había sido estipulada a principio de año y que había comenzado con una suba del 9% efectivizada a fines de junio. Es una señal de alivio que el Gobierno había comprometido a las empresas eléctricas, para hacer más llevadera la cuenta regresiva hasta febrero de 2014, nuevo plazo de la postergada revisión integral de cuadros tarifarios.

Para las distribuidoras significa terminar el año con un 33% acumulado de incremento en el VAD (Valor Agregado de Distribución), su principal ítem de ingresos: un 9% otorgado a febrero, otro 14% a fines de junio y hasta el 31 de octubre, y el resto desde el 1 de noviembre. En el costo del suministro para los usuarios equivale a una suba del 21,5% en total, si se tiene en cuenta que las facturas ya habían recibido un ajuste del 5,5% en el primer bimestre y el más reciente del 9% a fines de junio.

Ayer tanto desde el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) como desde el Ejecutivo aseguraban no tener el cálculo de cómo impactará la inminente suba en pesos. Si se tiene en cuenta que el aumento anterior se tradujo en un rango de entre $ 2 y $ 9 de incremento para las categorías residenciales de hasta 600 kilovatios bimestrales, es de esperar que ahora la incidencia sea levemente inferior.

Como sea, hacia adelante sigue bajo análisis un cambio de fondo en la modalidad de otorgamiento de ajustes tarifarios y de VAD. Concretamente, "a medida" de cada empresa prestadora del servicio, siempre en función de lo que indique cada auditoría contable realizada por el EPRE

"Se está trabajando en esa posibilidad. Pero para eso es necesario modificar el marco regulatorio", adelantó la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez.

Cuestionamientos al método

Luego de que la audiencia pública realizada en marzo refrendara la metodología de "retoques" cuatrimestrales (febrero- junio- noviembre), las distribuidoras iniciaron una acción administrativa que cuestionaba la forma y los porcentajes decididos por el Ejecutivo. Algo que el decreto 885 firmado por el gobernador Francisco Pérez, de acuerdo a la postura oficial, dio por tierra.

Según Martínez, "la Justicia desestimó el cuestionamiento por insuficiente, y el decreto reglamentario está en firme, con lo cual ya no habrá cabida para ningún tipo de reparos".

Por el contrario, los operadores del servicio creen que la pelea seguirá adelante, por considerar que hubo cambios no contemplados en el marco regulatorio eléctrico que inciden en el VAD. Alegan que, tras la audiencia, se modificó el mecanismo de ajuste por índice de variación de costos por el que toma al flujo de caja como parámetro.

"Como concesionario, el Estado puede decidir cómo y cuándo incrementar la tarifa a los usuarios. Pero en lo que respecta al VAD, si existe una diferencia deberá determinar cómo compensa los ingresos que los concesionarios dejaron de percibir", analizó Germán Tomellini, gerente financiero de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.