El gobernador Francisco Pérez, entre sus anuncios del 1 de Mayo, destacó que se enviará un proyecto de Ley de Ética para que todos los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. Desde el radicalismo rápidamente le salieron al cruce y le respondieron que ya hay uno en comisiones de la Cámara de Diputados y que si el justicialismo quisiera, se podría tratar en cualquier momento.

Justamente, en julio del 2012, el diputado radical Tadeo García Salazar presentó un proyecto que crea un Departamento de Transparencia de la Función Pública y obliga a que el gobernador, sus ministros, los legisladores, subsecretarios, directores y jueces deban presentar sus declaraciones juradas ante este organismo todos los años.

Estas declaraciones deben contener, según el proyecto, los bienes inmuebles, títulos, acciones, depósitos de bancos, créditos y deudas hipotecarias y prestaciones derivadas del sistema previsional, como así también cargos o ingresos de otros orígenes.

Asimismo el proyecto del radical prevé que estas declaraciones juradas se deben publicar en una página web hasta un año después de que haya sido presentada.

En Mendoza, los funcionarios presentan sus declaraciones juradas pero estas solo pueden ser vistas por ellos o bajo una orden judicial. De hecho, hasta el gobierno de Julio Cobos, estas eran publicadas, al igual que se hace en la Nación, pero cuando asumió Celso Jaque en el 2007, esto se dejó de hacer.