Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) cuestionaron duramente las políticas de seguridad de la gestión alperovista, al tiempo que reclamaron investigar "a los grandes grupos económicos" sospechados de realizar lavado de dinero ilícito en Tucumán.

El precandidato a diputado nacional del FIT, Daniel Blanco, dijo que el sector reclama, particularmente, que se investigue "a los empresarios del juego, la hotelería y banqueros, que lavan dinero proveniente del delito". Además, sostuvo que exigen el "desplazamiento de toda la plana mayor de las llamadas fuerzas de seguridad, incluyendo al ministro Jorge Gassenbauer y su secretario Paul Hofer, la apertura de los libros de las comisarías bajo control de asambleas vecinales, el desmantelamiento del aparato de espionaje ilegal (D-2) y la puesta en pié de una nueva fuerza de seguridad ciudadana sobre otras bases sociales, bajo el estricto control popular y de los trabajadores".

Según Blanco, "las recientes declaraciones del gobernador José Alperovich, confesando la creciente descomposición del aparato policial o la afirmación de que la droga está ganando la batalla, es una clara señal, luego de diez años de gobierno, de derrumbe político".

Para el candidato opositor "un Gobierno que ha reforzado todos los aparatos de seguridad, instalando cámaras de video en todo el microcentro y que pudieron filmar cuadra por cuadra lo que pasó con el último temblor, pero que no han podido registrar la provocación represiva del 9 de julio, el secuestro del padre de Morena Caciccio o la presencia de bandas paraoficiales para provocar a los manifestantes, demuestra que lo que ocurre en la provincia, no ocurre a pesar del Ejecutivo, sino por complicidad del mismo".

Apuntó que "un gobierno que lleva a la cabeza de su lista de candidato a un funcionario que esta siendo investigado por enriquecimiento ilícito (por Juan Manzur), o donde los delitos de 'guante blanco' con la obra pública es política de estado, esta incapacitado de proteger a la ciudadanía". A continuación, el referente del Partido Obrero salió en defensa de Alberto Lebbos y dijo que la hostilidad del alperovismo hacia su persona obedece a que "ha metido el dedo en la llaga a señalar el encubrimiento político del crimen de Paulina, demostrando que todo el personal cuestionado, sea policial, judicial o político que tuvieron que dar un paso atrás, están todos bajo protección del gobierno que se niega a reglamentar una ley de protección a los testigos".