Nuestro medio dialogó en forma exclusiva con el presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Mario Mallagray, quien explicó los motivos del fallo del Superior Tribunal de Justicia, mediante la cual se ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia para que arbitre los medios administrativos que sean necesarios, para que se les reajusten las remuneraciones a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Destacó la necesidad de que se respete una justa equivalencia entre los sueldos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los jueces del Superior Tribunal, expresando que el hecho de que los jueces provinciales estén cobrando un 40% menos de lo que se cobra a nivel nacional "es un verdadero disparate que no tiene nombre, y que agravia a la magistratura de la provincia de Jujuy".
En este sentido, "que estas previsiones presupuestarias respeten una justa equivalencia entre los sueldos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los jueces del Superior Tribunal de Justicia, y a su vez que esa equivalencia razonable se respete en relación a camaristas, jueces, fiscales, secretarios de cámara, secretarios de primera instancia, etc. El fallo no habla de porcentajes, pero sí establece pautas: la equivalencia tiene que ser justa, tiene que ser razonable y tiene que garantizar la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y magistrados del Poder Judicial, y la independencia del Poder Judicial, seriamente amenazada por los magros sueldos que cobran en la actualidad los funcionarios del Poder en general".
En cuanto a las causas por las cuales se tuvo que llegar a esta decisión, "esto se ha producido por múltiples factores: lamentablemente la provincia de Jujuy es una de las provincias que peor paga a sus jueces y magistrados, al extremo de que un juez del Superior Tribunal de Justicia está percibiendo aproximadamente un 40% de lo que percibe un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es un verdadero disparate que no tiene nombre, y que agravia a la magistratura de la provincia de Jujuy".
Por lo tanto, "esos sueldos y esas remuneraciones tienen que ser ajustadas de manera conveniente, porque tendríamos que tener magistrados y funcionarios bien pagos, como garantía para que tengan su independencia y su autonomía económica".

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