Tal vez, legalmente, los órganos competentes puedan sancionar a quienes no cumplen o tal vez no, pero sería bueno que, al menos Defensa al Consumidor, dependiente del gobierno provincial -que poco nos defiende- se diera una vueltita y vieran con sus propios ojos lo que está ocurriendo. De todos modos, y siempre lo señalamos, el mejor control está en manos del consumidor, quien debería no comprar en aquellos lugares en donde las cosas no son tan transparentes.

En primer lugar reflejamos las quejas que nos han enviado varios lectores, quienes aseguran que en la cadena de supermercados de la ‘familia de San Luis’, respecto de que no cumplen con el convenio que referimos en el primer párrafo de esta nota, pero además señalan que existiría un gran desabastecimiento de productos. “Ayer fui al súper -da la marca- del Lince y los precios han sido aumentados una barbaridad y para colmo las góndolas están vacías, no había casi nada para llevar”, nos dijo uno de los lectores. Otro comentó que en la misma cadena, pero en el centro, ante su queja a un empleado, éste le habría contestado con mucho desgano “nosotros hacemos lo que el patrón nos ordena”.

¿Y qué pasa con los chinos?

De los supermercados chinos, al menos el que está ubicado en Juana Koslay enfrente al Hospital de Día, desde hace un tiempo han tomado la -mala- costumbre de quitarle el precio impreso de fábrica a las etiquetas de los aceites y el precio al que lo venden, en la mayoría de los casos, duplica al que trae originalmente en la etiqueta.

Como prueba, mostramos imágenes tomadas en el supermercado que está frente a Plaza Pringles, donde un aceite de primera marca, y al que no le han quitado el precio fijado de fábrica, a $ 8,31 el envase de litro y medio; mientras uno de 900 cc3 está a $ 4,54.

En el caso del chino de Juana Koslay, a un aceite de 900 cc3 de primera marca está a $ 7,50 y uno de igual cantidad pero de segunda marca a $ 6,99. Es decir uno de 900 cc3 casi al mismo precio que uno de 1,5 litros en el otro súper del centro, y encima se tomaron el trabajo de quitar, una por una a cada botella, el precio impreso en fábrica.

Dejamos para el final la gran pregunta: ¿Es legal quitar los precios impresos en fábrica y casi duplicarlos?

¿Defensa al consumidor tendrá la respuesta?