Se trata de las tasas de interés conforme la Ley N° 6676 y los mecanismos de recupero de créditos que otorgan cooperativas, mutuales y algunas empresas relacionadas a los servicios financieros, con acceso al código de descuento. Y es el Estado, en su función de garante de los derechos de los usuarios y consumidores, el que debe controlar la aplicación.

Corregido dio cuenta de un caso reciente “que evidencia la fragilidad de este sistema”, que ocurrió en relación a una prestadora privada de servicios de salud que apareció en los recibos de sueldos de miles de trabajadores casi todos o todos docentes-. “Esta circunstancia le fue advertida a las autoridades con competencia en la materia, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto”, subrayó.

El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido advirtió la inacción del Estado en el control de los códigos de descuento que se cobran por créditos.

Fue más allá y enfatizó: “No puede dejar de mirarse que las víctimas de este sistema están doblemente acosadas. Los empleados públicos de la provincia del Chaco son presa fácil del mecanismo de código de descuentos y siguen inmersos en la zozobra que genera tener que hacer frente a erogaciones extraordinarias, es decir fuera de lo común, de lo razonable”.

A esta situación debe sumarse el hecho de que, si acudieron a esta clase de empréstitos, fue en muchos casos como resultado de haber estado sumidos en un alto endeudamiento del que no podrían salir por sus propios medios.

“Queda en evidencia que el Estado, garante del cumplimiento de las garantías constitucionales, de la protección del bienestar general y del afianzamiento de la justicia, ante la falta de un efectivo control abre la brecha para que estos sectores del financiamiento no regulado ejerciten su comercio en desmedro de la parte débil en la relación de consumo”, sostuvo Corregido.

Solución sin costo

Para el defensor, existe una solución y no tiene costo. “Depende sólo de la voluntad política de hacer, de respetar y estar a la altura de la jerarquía de los cargos que le fueron impuestos a quienes tienen la tarea de controlar”.

Mientras esto no pasa, hay algunos empleados públicos que están pagando 16% de interés mensual, casi el 200% anual por un crédito, o que están siendo ejecutados -por haber sido obligados a firmar un pagaré en blanco- por una deuda que los acreedores han percibido íntegramente a través de los códigos de descuento”, advirtió.

Así sostuvo que estas situaciones se presentan en lugares que incluso publicitan la modalidad en medios masivos de comunicación, diarios, radios y televisión. “Lo saben los funcionarios encargados del control, porque este Instituto ha efectuado una serie de recomendaciones que no han tenido destino hasta el momento y también la Justicia, porque el modus operandi ha sido detallado en una denuncia presentada ante una Fiscalía de Investigación”, señaló y concluyó: “Está claro que si hay voluntad puede haber control y si hubiera control no habría usura”.