Analizan responsabilidades penales porque el Gobierno lleva 16 meses sin poder comprar cuatro vehículos para transporte especial aún contando con fondos que envió Nación. La Justicia ya tiene demostrado que el dinero no se usó para otros fines. Pero pondrá la lupa en el trámite administrativo. El ex ministro Álvarez aparece como el más comprometido, aunque aún no lo indagarán.
Es que de las primeras actuaciones oficiales agregadas a la investigación surge que la mayor parte del subsidio enviado por la Comisión Nacional para la Integración de personas con Discapacidad (Conadis) por $519.363, 32, se encontraba depositado en una cuenta corriente del Banco Nación, a nombre de la provincia, al menos hasta el 31 de agosto de este año.
La única fracción del dinero que fue debitada de la cuenta fueron $73.305 con los que se realizó un pago parcial a la empresa CADI, con la que además se firmó un contrato de mandato para la adquisición de los vehículos especiales.
CADI recibió la plata y emitió la factura correspondiente el 15 de marzo de este año, a pesar de que el Ministerio contaba con la totalidad de los fondos disponibles desde el 8 de junio del año pasado, como denunció judicialmente Graciela Bravo, madre de una niña con discapacidad.
Lo cierto es que al constatarse que los fondos no se utilizaron para un fin diferente al original, la acusación de malversación perdió peso y ahora la jueza María Cristina Barrionuevo deberá analizar otras posibilidades delictivas.
El expediente
La situación del ex ministro Álvarez, a quien la gobernadora Fabiana Ríos echó del gobierno tras la difusión del escándalo, es delicada por el extraño trámite administrativo que tuvo la frustrada adquisición de las camionetas.
Por ejemplo ahora se sabe que Álvarez solicitó a la presidenta del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, Raquel Tiramonti, que se incluyera a Tierra del Fuego en el plan de financiamiento de vehículos especiales el 25 de enero de 2010.
En esa oportunidad, el funcionario adjuntó varios presupuestos de empresas proveedoras, incluyendo el de la firma CADI, cuyo titular es Miguel Fichera, por un valor de 136.604 dólares. Como la cotización de la moneda estadounidense a esa fecha era de $3,80, el equivalente en pesos de la operación eran los $519 mil por los que se gestionó el subsidio, cuya aprobación técnica tuvo lugar en febrero de 2010 y que derivó en el envío del dinero a la provincia en junio de ese año.
De aquí se desprende que la demora en la compra de los vehículos (ya van dieciséis meses) produjo un perjuicio económico, porque la cotización del dólar a la fecha es de $4,22, lo que equivale a 576.500 pesos, es decir, 57 mil pesos más que cuando se pasaron los presupuestos.
El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió con la Conadis (según el convenio suscripto el 23 de marzo de 2010) a comprar los vehículos “en un plazo máximo de 90 días hábiles”, bajo apercibimiento de ser inscripto en un Registro de Beneficiarios Morosos, como finalmente ocurrió, y de enfrentar una causa judicial por el recupero del dinero enviado.
Pero la Justicia también pondrá la lupa en otros aspectos de la tramitación administrativa. Por ejemplo en que Álvarez primero impulsó una licitación pública para llevar a cabo la operación, y luego una compra directa, sin que ninguna prosperara, hasta que en febrero de este año (quizá por las trabas que le imponían otras áreas de su propio gobierno) le ordenó a la Dirección de Administración Financiera del Ministerio que iniciara negociaciones directas con la empresa CADI.
En esta última negociación, el ex ministro pagó el adelanto sin acto administrativo que lo respalde, sin ratificación por un decreto y sin verificar la documentación de la firma comercial.
De esta forma, lo que podría haber llevado a acelerar el trámite de compra, terminó trabándolo más, ante la imposibilidad de la empresa de presentar los papeles faltantes que se le requerían.
Según trascendió, la Justicia podría citar a declarar como testigos en las próximas horas a Graciela Bravo y a una funcionaria de Desarrollo Social, además de requerir otra serie de prueba documental.
En cuanto a Álvarez, si lo citan será a través de una indagatoria, para responder como posible imputado en el caso, dijeron las fuentes consultadas.
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