El plan inicial de la Diputación contemplaba tener 8. Ahora solo operan las de Villadiego y Villasana. Belorado está acabada para inaugurar y la de Quintanar acumula 2 años de retraso
Los planes suelen salir bien cuando las personas se implican en ellos, en caso contrario están abocado al fracaso. Esto último es lo que está sucediendo con el plan de sellado de escombreras, plasmado en un convenio de colaboración firmado en su día por la Diputación, el Consorcio de Tratamiento de Residuos de la Provincia de Burgos y la Junta, que incluía la construcción de nada más y nada menos que ocho plantas de pretratamiento y clasificación de escombros o residuos procedentes de la demolición y construcción (RCDs).
De esas ocho, en poco más de un año, se pasó a seis y finalmente se quedarán en cuatro, es decir las instalaciones proyectadas se han reducido a la mitad porque la respuesta de los vecinos, profesionales del sector de la construcción y de algunos responsables municipales no está siendo la que esperaban en un principio los responsables del Consorcio y la Diputación.
A pesar de las campañas de sensibilización que se han realizado desde que entró en funcionamiento hace ya tres años la primera de esas plantas de pretratamiento y clasificación de escombros, la de Villadiego, no están llegando a estas plantas los escombros que se generan en los pueblos. En su primer año operativa, 2019, recibió tan solo unas 50 toneladas de residuos cuando tiene capacidad para tratar cerca de 5.000.
En una situación similar se encuentra la de Villasana de Mena, ya que según los datos que maneja el Consorcio a lo largo del año pasado en estas dos plantas en funcionamiento entraron 324 toneladas de escombros, muy lejos de la capacidad total que tienen. Apesar de esa baja respuesta, desde el Consorcio destacan el lado positivo indicando que esos residuos no terminaron en una escombrera ilegal como era habitual hace unos años.
La baja respuesta que están recibiendo las dos plantas en funcionamiento, en breve estará operativa también la de Belorado, ha generado un cambio de postura en el Consorcio y la Diputación, que han decidido ser menos ambiciosos y cerrar el plan de estas instalaciones con la prevista en Quintanar de la Sierra, que en principio estaba proyectada para Salas de los Infantes y que ya acumula dos años de retraso. Fuentes del Consorcio han señalado que el proyecto ya está redactado y que en breve se va a someter a información pública. La previsión de los promotores, Diputación y Consorcio, es que las obras se puedan licitar este mismo año.
Más control y fianzas. Con la planta de Quintanar se cerrará el capítulo de instalaciones y los esfuerzos del Consorcio, apuntan desde este organismo, se centrarán en seguir implicando a los alcaldes para que «insten a los productores de escombros, mediante la correspondiente declaración responsable, a que traten los escombros adecuadamente». Además, también piden a los responsables municipales a que «impongan una fianza a los promotores de obras menores, fianza que se devolverá cuando se justifique la correcta gestión de esos escombros».
Las mismas fuentes manifiestan que no hay disculpa para que los productores o generadores de residuos de demolición no los traten correctamente existiendo este tipo de infraestructuras repartidas por la provincia e insisten en la necesidad de seguir mejorando la gestión.
Aunque la respuesta no esté siendo buena, el plan ha tenido su lado positivo, que no es otro que el sellado de unas 120 escombreras, repartidas por más de ochenta municipios, por parte de la Junta. Una intervención que ha devuelto las cincuenta hectáreas que ocupaban estos vertederos ilegales a su esta natural. Solo por esto ya merece la pena este plan fallido en cuanto a respuesta de las plantas de tratamiento de residuos.
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