El secuestro de un trabajador en una favela por parte de la policía dejó al descubierto el drama de las desapariciones en Río de Janeiro. Según datos oficiales, en los últimos siete años desaparecieron 35 mil personas, cuyo paradero es aún desconocido, en la ciudad carioca. Los fríos números indican, además, que en ese mismo lapso y territorio hubo más de 34 mil homicidios y unas 5000 muertes por enfrentamientos con las distintas fuerzas de seguridad estadual. La información, recolectada detalladamente por el propio gobierno de Río de Janeiro, fue sistematizada por la ONG Río de Paz, que ayer realizó una protesta en las playas de Copacabana para denunciar la situación de Amarildo de Souza, un albañil de la favela Rocinha que fue detenido el pasado 14 de julio por la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) y que, hasta el momento, permanece desaparecido. "Es vergonzoso para el estado de Río de Janeiro que 35 mil personas hayan desaparecido desde 2007. Una gran parte de ellas ni siquiera fue registrada en las comisarías y no hay investigaciones para saber cuántas murieron", lamentó la organización en un comunicado que reprodujo la agencia Efe.

Río de Paz basó su denuncia en las estadísticas oficiales registradas por el Instituto de Seguridad Pública (ISP), un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad estadual. De acuerdo con esos datos, entre enero de 2007 y mayo de este año hubo un total de 34.681 personas desaparecidas en todo el estado de Río de Janeiro, que incluye no sólo a la capital, sino también a la populosa Bajada Fluminense, Niterói y el Interior.

Consultado por Tiempo Argentino, el investigador Julio Waiselfisz, coordinador del Centro de Estudios de la Violencia de FLACSO en Brasil, aseguró que uno de los principales motivos para que esta situación se perpetúe es la corrupción estructural propia de las instituciones estatales. "Estos números no sorprenden. Hay una dosis de violencia en las instituciones de seguridad, que no sólo no protegen a los más necesitados, sino que, por el contrario, se aprovechan de ellos. Dentro del aparato estatal hay grupos de exterminio o milicias que hacen la ley por mano propia. Es el propio aparato que se encarga de que esa violencia se ejecute", sostuvo Waiselfisz.

El investigador de FLACSO ejemplificó su explicación con lo que sucede en las favelas. "Allí, los grupos ilegales (que son policías en actividad o ex policías) ganaron la batalla a los narcos y ahora se quedaron con el control del territorio. Son una verdadera empresa que ofrece, a cambio de dinero, protección armada ilegal, servicio de Internet ilegal, gas ilegal, transporte alternativo. Ofrecen servicios piratas y, al mismo tiempo, tienen el control de la seguridad y del delito dentro de la favela. Si no les pagás, no te protegen. Por eso no sorprende que en las comisarías no se investiguen las desapariciones que ocurren dentro de las favelas. No se van a investigar ellos mismos", analizó Waiselfisz, en una clara radiografía de la situación.

Precisamente, la desaparición de Amarildo de Souza, de 43 años, reavivó el debate sobre el festejado programa de pacificación de las favelas y reunió a familiares y vecinos del albañil que desde hace dos semanas se vienen manifestando para preguntarse: "¿Dónde está Amarildo?"

Pero la situación es alarmante no sólo en cuanto a las desapariciones, sino también en lo que respecta a los asesinatos: en los últimos seis años, hubo un total de 34.034. De acuerdo con las categorías establecidas por el ISP, unos 32.724 fueron homicidios dolosos; 1053, robos seguidos de muerte; y 257, lesiones corporales seguidas de muerte. La violencia en Río también fue contabilizada en base a los enfrentamientos entre ciudadanos y la policía. Según el ISP, hubo 5386 víctimas fatales en esas circunstancias.

Según informó la agencia dpa, la organización Río de Paz anunció que se seguirá movilizando hasta que el desaparecido Amarildo de Souza vuelva a su hogar. Lo mismo hará su familia, aunque la esposa del albañil ya expresó su temor por las posibles represalias que la policía podría encarar contra ella. "No recibí ninguna amenaza, pero estoy con miedo porque cuando baje la publicidad de este caso la policía puede aprovechar para hacer maldades contra mí y contra mi familia", aseguró a la agencia Ansa Elizabete Gomes da Silva, quien sostiene que su marido fue asesinado por la policía. «