Es una demanda judicial que afecta a más de 800 familias de 9 de Julio, Campo Verde, Piedritas y Mina Alea y se origina en una reclamación por la propiedad de las tierras. La jueza en lo Civil y Comercial de primera instancia Cristina Marco ordenó un relevamiento de los ocupantes y los vecinos recurrirán al Poder Judicial para hacer valer la posesión, que en algunos casos supera los 20 años, aseguran.
La cédula judicial fue recibida con pánico e inmediatamente en el centro vecinal del barrio 9 de Julio se instaló una oficina donde se informa de la situación a los afectados y que se reúne documentación con el fin de contestar la demanda. En las paredes de acceso a la institución se puede leer el listado de las familias que han sido demandadas.
Dos abogados enviados por la diputada jenefista Eva Cruz llevan el asesoramiento legal y ya han solicitado poderes a los vecinos.
Entre los intimados hay casos de familias que viven en lotes fiscales y otros declaran que los lugares que ocupan son terrenos ganados al río, según pudo saber El Libertario.
Los eventuales desalojos aparecen como de difícil aplicación ya que en gran parte de los casos los demandados habitan en viviendas construidas con materiales nobles, algunas de varios pisos, y se estima que la cantidad de familias que deberían desalojarse asciende a más de 800.
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