La llamada "reforma política" de 2009 cambió las reglas de juego electorales. Entre los cambios producidos, se encuentran primarias abiertas, simultáneas y obligatorias; prohibición de apoyos económicos de empresas y otro tipo de personas de existencia ideal; acceso a los espacios de publicidad en televisión y radio sólo a través de la distribución del gobierno, y nuevos requisitos para los partidos políticos.

Las primarias abiertas y simultáneas que buscan mayor participación de la ciudadanía en la selección de candidatos crean dudas en varios actores que participan del proceso. Es el caso de la justicia electoral de Capital Federal y la de la provincia de Buenos Aires, que se refirieron a la imposibilidad de llegar a tiempo con la confección de los padrones. Esta advertencia debe despertar una inmediata respuesta del poder político que logre las condiciones para el buen cumplimiento del cronograma electoral. La necesidad de un presupuesto acorde para dotar de personal a los actores del proceso resulta esencial en este caso.

Otras dudas surgen en relación con las primarias. Una de ellas es quién asegura que el financiamiento que entregará el Gobierno a cada uno de los partidos llegará a todas las líneas internas en competencia.

Al mismo tiempo, preocupa la gran cantidad de boletas que pueden llegar a coexistir en un cuarto oscuro. En las elecciones generales, la jungla de boletas asusta hasta al más experimentado votante -lamentablemente, el Congreso nunca trató la implementación de la boleta única- y a éstas habrá que sumarles todas las opciones internas de cada uno de los partidos.

Hablando del financiamiento político, la confluencia en una sola cuenta bancaria de los fondos ordinarios y los fondos de campaña acarrearán mayores dificultades para el control del financiamiento partidario. Para los primeros se permite el financiamiento de personas y empresas, y para los fondos electorales sólo pueden aportar las personas. Pequeña trampa: las empresas donarán antes de que comience la campaña o lo harán por medio de ciudadanos.

La ley de democratización, que se pondrá en funcionamiento a partir de la próxima elección buscando mayor equidad, se olvidó de regular la publicidad oficial que se distribuye desde el Gobierno durante el proceso electoral. En la última campaña presidencial, las cinco fórmulas presidenciales que más dinero gastaron alcanzaron a una suma de $ 40 millones. Dato: en 2009, el Poder Ejecutivo Nacional gastó $ 829 millones en publicidad oficial. Estos y otros engranajes tienen que empezar a ponerse a punto en los próximos días si se quiere llegar a tiempo y tener una elección "democrática, transparente y con equidad electoral", tal el nombre de la nueva ley