El juez Mauricio Zabala definirá el lunes la situación procesal de Néstor Guerrero, Alberto Diez y José Silva, los únicos tres imputados en la causa que sigue el derrumbe del techo del supermercado Cooperativa Obrera.

Son tres las opciones posibles. Por un lado, si los procesa, puede hacerlo con prisión preventiva o con otra medida cautelar para garantizar que se mantendrán a disposición de lo que defina el juzgado. Esto es, ordenarles, por ejemplo, que se presenten a diario en alguna dependencia judicial o policial. En este caso, apenas el juez lo ordene, esperarían el juicio en libertad. Esto no ocurriría si dicta el procesamiento con prisión preventiva.

La tercera opción es la falta de mérito. Esto no equivale al sobreseimiento, sino a que en los diez días con los que contó el juez no se encontraron las razones suficientes para avanzar a la siguiente instancia, algo que sí podría definirse con nuevos elementos. De todos modos, fuentes de la investigación confiaron en que el juez cuenta con los elementos suficientes como para dictar los procesamientos.

Si esto ocurre, las defensas tendrán la posibilidad de apelar ante la Cámara de Apelaciones de la provincia, la misma que por voto dividido negó los pedidos de excarcelaciones en la primera etapa del proceso.

Testimoniales

A pesar de que ayer se trató de un día no laborable en el Poder Judicial, un testigo que surgió de otras testimoniales fue indagado por las partes y el juez. Se trata de un subcontratista que trabajó en la estructura de vigas y columnas cuando se construyó el supermercado. Según trascendió, el testigo aclaró que se limitó a realizar el trabajo que le indicaban los planos, pero que durante el proceso advirtió que, tal como estaba prevista, la estructura podría presentar problemas. Sugirió entonces colocar una serie de vigas transversales, algo que fue descartado por los encargados de la obra, según dijo, por una "cuestión estética".

Desde que comenzó la instrucción, una semana después del derrumbe, pasaron cerca de tres semanas y declararon más de 30 testigos. Quienes optaron por no declarar fueron los imputados, que fueron convocados por el juez Zabala 24 horas después de la detención.