La novela por la demolición de la Casa de Gobierno suma otro capítulo más. En este caso, el fiscal Eugenio Pérez Moreno, que tiene a su cargo la investigación por los escombros que arrojaron a la cañada, aceptó como querellante a Funam. Se trata de la ONG que presentó la denuncia en contra del gobernador Juan Schiaretti y las empresas Brasca y Electroingeniería por arrojar los restos de la demolición en lugares no permitidos.

Para el biólogo Raúl Montenegro, el hecho viola las disposiciones de la ley de residuos peligrosos. Montenegro había solicitado al fiscal Eugenio Pérez Moreno que "interrumpa la demolición de Casa de Gobierno hasta tanto sea identificada o no la presencia de residuos peligrosos en los edificios aún no destruidos y en los escombros". Esto ocurrió cuando realizó una ampliación de la denuncia original.

En ese momento la organización había señalado que en edificios de esta antigüedad "es frecuente la presencia de metales de riesgo, como cañerías de plomo, y elementos de fibrocemento con asbesto en tanques de agua, techos y otras estructuras". Es por eso que Montenegro pidió "la realización de análisis para identificar la presencia de fibrocemento -con asbesto- y metales pesados a fin de proteger la salud de los obreros que trabajan y de las personas que viven en cercanías de Casa de Gobierno".

A partir de ahora, Funam podrá seguir la evolución de la investigación en su calidad de querellante particular, así como pedir pericias y seguir aportando elementos de prueba. El abogado patrocinante de la ONG, Carlos Nayi, señaló que el fiscal aceptó que FUNAM se constituyera en querellante al considerar que ésta tiene por objetivos “conocer y contribuir al mejor conocimiento de los problemas ambientales y de sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas".

Recordemos que ésta es sólo una de las causas por las que FUNAM denunció al gobernador. En primer lugar, había solicitado que se investigara la demolición como hecho en sí mismo. Esto está en manos Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 la Fiscalía Anticorrupción que tiene a su cargo Gustavo Hidalgo. La denuncia en concreto es por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Esta causa despertó la polémica, ya que los denunciantes señalan que Hidalgo se hizo cargo de la causa para evitar que la fiscal De la Rua sacara una medida de no innovar y con esto se frenara la demolición.

Montenegro también había solicitado que se investigue lo ocurrido con documentos públicos que se encontraron tirados en La Cañada. Para el biólogo, esto es violatorio del decreto que establece cuál debe ser el destino de este tipo de papeles. En 1997 se aprobó el Decreto provincial 1.659 que "reorganiza y depura los archivos administrativos y contables" de la provincia, incluidos sus entes autárquicos. Según informó FUNAM, la norma establece que la destrucción solo podrá hacerse "por trituración o despulpamiento" y que deberá intervenir "la Escribanía de Gobierno".