La denominada "ley de Disponibilidad" pasó a la historia casi sin haberse implementado. La Legislatura rionegrina derogó ayer la Emergencia institucional, administrativa, social, educativa y sanitaria del sector público provincial y, con ella, la medida que pretendía revisar quiénes cumplían funciones efectivamente en la administración y cómo habían ingresado a sus puestos.

En una tensa sesión, en la que se pusieron en evidencia las fuertes diferencias que persisten en el seno del frente gobernante y de su bancada legislativa y en la que no estuvieron ausentes las chicanas y algunos agravios, el parlamento aprobó por unanimidad en general y por mayoría en particular, el proyecto de ley que, con acuerdo de ministros, había enviado el Poder Ejecutivo, para hacer cesar ese estado excepcional en el que se encontraba el gobierno y que lo facultaba para acelerar mecanismos burocráticos y saltear pasos administrativos, que a partir de ahora, deberán encauzarse en el marco de la normativa correspondiente.

También fue aprobado por todos los legisladores presentes el artículo II del proyecto remitido que, puntualmente, deja sin efecto el capítulo II de la Ley 4.735 que establecía la posibilidad de que los trabajadores pasaran a disponibilidad hasta tanto se verificara su ubicación, desempeño y forma de ingreso.

Los restantes artículos fueron aprobados por mayoría, sin el acompañamiento del grupo de legisladores que responden al senador nacional Miguel Pichetto. Aunque hubo acuerdo en la cuestión del fin de la disponibilidad, las mayores discusiones se centraron en la reestructuración de la deuda pública, acerca de lo cual la norma aprobada establece que en 20 días después de la publicación, el Ministerio de Economía deberá informar las propuestas de pago para cada categoría de acreedores verificados. Podrá recurrir a bonos Bogar Clase II Serie III, cheques diferidos o efectivo. Además cesará la intervención de la Comisión de Transacciones Judiciales.

Silvia Horne, encargada de presentar y defender el proyecto destacó que "la provincia puede demostrar que ha podido en estos 9 meses generar condiciones que permitan volver a la normalidad la cuestión administrativa e institucional del Estado cesando la emergencia que mediante la sanción de la ley 4.725 pusiera a las plantas permanentes en disponibilidad".

Reconoció que "hemos podido salir de aquel rojo bancario, aumentamos la recaudación un 25 por ciento y el superávit en 15 millones, pero no alcanza para decir que no estamos en emergencia económica y financiera, sino no podríamos pagar en bonos a los proveedores ni mantener la unificación de los cuentas".

Quien más duramente cuestionó el proyecto fue Ana Piccinini, del sector pichettista del bloque, que criticó al ministro Alejandro Palmieri porque en reunión plenaria no pudo precisar el monto total de la deuda. "La provincia está en problemas si después de 9 meses no sabemos cuánto debemos", afirmó.

Luego manifestó su rechazo a que se le quite intervención a la Comisión de Transacciones. El radicalismo apoyó la iniciativa marcando diferencias, al igual que el resto de los bloques opositores. "Es un gesto que nos dan ganas de acompañar", dijo Bautista Mendioroz. Odarda pidió la reincorporación de todos los cesanteados y Pesatti concluyó defendiendo el rol de oficialismo que le toca ocupar. "Estamos acá para defender las políticas del poder Ejecutivo provincial. La democracia necesita roles claros: oposición y oficialismo, para controlar la administración y para acompañarla", sostuvo.