El diputado provincial Miguel Montoya denunció que a través de esa Ley se le otorgaba el trabajo a una empresa privada de Buenos Aires que se quedaba con el 60% de la recaudación.

Montoya denunció que a través de esa ley se le otorgaba el trabajo a una empresa privada de Buenos Aires que se terminaba quedando con el 60% de la recaudación.

La Ley 387 (antes 5852) se derogaría en la sesión de la Legislatura del Chubut de hoy luego de lograr por unanimidad el despacho, confirmó el diputado Miguel Montoya, uno de sus impulsores. El proyecto considera que la medida se superpone con una reglamentación de la Dirección Nacional de Registro y Propiedad Automotor (DNRPA).

“El Registro Automotor coloca un sticker a las autopartes cuando un auto fue siniestrado, así se sabe que esas están en condiciones de ser vendidas como usadas. Cualquier pieza que no tenga ese sticker no es lícito”, comentó el diputado Montoya a Diario Patagónico.

La ley original fue una propuesta del diputado Ricardo Sastre, en su momento avalada por Montoya. La legislación establecía que una empresa de Buenos Aires realizaba el grabado y se quedaba con el 60% de lo recaudado y el Gobierno de la Provincia con el 40% restante.

El artículo 2 de la Ley que ahora se busca derogar sostiene: “El grabado se hará a través de las empresas concesionadas y autorizadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia con el respectivo acuerdo con las cámaras del sector. Los automotores que procedan a realizar la verificación física deberán obligatoriamente grabar seis partes de la carrocería, por única vez”, agrega.

El proyecto que se abordará en la sesión legislativa de este día sostiene: “la Legislatura ha invadido la esfera federal al dictar la ley cuya derogación se propugna. Esta Legislatura ha invadido la esfera federal al dictar la ley cuya derogación se propugna”.

Acompañaban a Montoya al principio, Javier Touriñan, Stella Maris Vargas y Pierina Bissi y Ricardo Astete, aunque ayer el despacho fue aprobado por unanimidad por lo que se entiende que la tendencia continuará hasta que el texto se apruebe.

El proyecto de Montoya estuvo atravesado por la polémica. Cuando solicitó la derogación de la ley, en octubre de este año, el Ministerio de Gobierno, autoridad de aplicación de la normativa, envió una directiva de que no se podía aceptar un trámite que no tuviera ese grabado obligatorio.

El legislador denunció que a través de esa Ley se le otorgaba el trabajo a una empresa privada de Buenos Aires que se terminaba quedando con el 60% de la recaudación siendo el Estado provincial el que provee la planta. El precio del servicio supera los $100 y debe sumársele los tiempos de los trámites en la administración pública.