La derogación del impuesto al cheque no sólo ahogaría a las provincias, sino que obligaría al Gobierno nacional a realizar un fuerte recorte del gasto público, dado que se perderían una fuente de recaudación de unos 24.000 millones de pesos anuales. El conflicto iniciado con la oposición para la coparticipación total y automática del gravamen a las provincias culminaría así en un final indeseado, ya que se terminaría poniendo en jaque a las jurisdicciones más deficitarias.
Actualmente, de acuerdo con la ley, la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado y el 30 restante se divide entre las provincias y las afectaciones específicas del Estado. Por ello, los gobernadores contaron en 2009 con 6.600 millones de pesos, y esperaban que en 2010 este gravamen se coparticipara en un 100% para sumar entre 10.000 y 12.000 millones de pesos, lo cual no ocurriría en caso de se avance en la derogación.
Este impuesto hizo un fuerte aporte a la política superavitaria del kirchnerismo, ya que ayudó a que la recaudación se mantuviera siempre en ascenso, aún en momentos difíciles como los de la crisis de 2009. Como fue establecido como un sistema de recaudación de emergencia ante la crisis financiera de 2001, los empresarios comenzaron a pedir su derogación en 2007, tras cuatro años de crecimiento económico sostenido. Las provincias, en cambio, venían reclamando por la coparticipación del 100% de lo recaudado por este concepto y la iniciativa podía llegar a cristalizarse con un congreso opositor.
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