El Ministerio de Salud de Mendoza aseguró que continúa entregando los anticonceptivos hormonales, entre ellos, el subdérmico. Fue luego de la polémica generada por la presentación ante Asesoría de Gobierno de dos organizaciones civiles para evitar desde la venta hasta su uso en cualquier tipo de programas de salud sexual o educación sexual integral, inclusive dentro de las recomendaciones que se hacen en las maternidades públicas, centros de salud o consultorios de seguimiento y hasta en los casos en que las mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual.

La cartera sanitaria reconoció el cuestionamiento del titular de la Asesoría de Gobierno, César Mosso Gianini, a raíz de la presentación realizada por Vitam y la Red de Laicos, pero detalló que aún la discusión no ha terminado en un dictamen y que, por lo tanto, no han procedido con lo pedido por esas organizaciones. 

La información oficial se dio en medio de una serie de contradicciones internas, generadas desde el quinto piso de Casa de Gobierno, al comentar el delicado problema desde los expedientes en lugar de decir con todas las señas lo que sucedía y las consecuencias que un dictamen favorable al pedido de las organizaciones católicas ocasionaría.

Al marcado silencio sobre el tema, ya que a Mosso Gianini no se lo vio en su despacho ayer, se sumó que el ministro Oscar Renna evitó hablar con los medios y le siguió una explicación muy breve del titular del programa de Salud Reproductiva, Pablo Alonso, quien leyó el comunicado oficial enviado por prensa del Ministerio.

Renna había dicho durante la presentación de la libreta de salud de adolescentes, que desde la Asesoría de Gobierno le habían solicitado no  entregar más el subdérmico e, incluso, sacar aquellos que ya había colocado, 44 en total. La información fue ratificada al ofrecer los expedientes del caso, para su lectura, pero sin dar mayores explicaciones. Además, estimó que de no cumplirlo podría tener problemas legales serios, es decir “ir en cana”, según sus propias palabras. 

Los abogados que trabajan para el Ministerio de Salud hicieron expresa la obligatoriedad de seguir un dictamen del asesor de Gobierno, como jefe máximo de todos los asesores, por lo cual, para ese Ministerio una opinión de la asesoría sería vinculante. Pero no es así para el gobernador Francisco Pérez, quien puede o no tomar la opinión de Mosso Gianini. Por eso, en diálogo con radio Nihuil, Paco dijo que un dictamen de Mosso Gianini no es vinculante y se mostró en desacuerdo con los planteos introducidos por la Asesoría de Gobierno respecto de los métodos anticonceptivos y sus características abortivas. 

Lo que hasta ahora nadie explicó, ni Mosso Gianini, ni Renna, ni el propio Pérez, es por qué el cuerpo de abogados del gobernador (no de Pérez en particular) dio lugar a una presentación con marcado tinte religioso, ya que los argumentos médicos expresados en el pedido son insostenibles, cuando la gestión actual del Ejecutivo provincial adoptó durante mucho tiempo las directrices nacionales sobre salud sexual, reproductiva, maternidad e infancia.

Una explicación posible es que ese cuerpo de abogados es muy católico y trabaja desde esa perspectiva, aún cuando contradice las políticas públicas de salud, diseñadas para cubrir las necesidades de la población, en toda su variabilidad. Basta, para entender que es así, con leer dictámenes anteriores al caso puntual de los anticonceptivos, como por ejemplo, el 447/14 recomendando el veto a la Ley 8.722 que propicia la organización de las maternidades centradas en la familia, porque considera que son “pantallas” para distribuir métodos anticonceptivos abortivos.