La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Andrea Cervantes, fue rápida de reflejos para atender el reclamo que protagonizaron los reclusos a raíz de la falta de teléfono en la Unidad de Detención Nº1, y constatar el estado de salud de los detenidos. Lamentablemente, no tiene la misma actitud ejecutiva y preocupada cuando se trata de velar por los derechos de los niños y las familias que viven en los asentamientos en condiciones deplorables.
Como se recordará, en el lugar, se realizó un violento reclamo de los internos por la falta de funcionamiento del teléfono que se encuentra allí para recibir llamadas.
La funcionaria señaló que desde el área a su cargo “lo importante fue haber participado en esta cuestión y tomar conocimiento de la situación, asistiendo al lugar junto al ministro de Gobierno Guillermo Aramburu y miembros de la Justicia”.
En este sentido, la Secretaria celebró que “no hubo que lamentar ningún herido, ya que solo una de las personas detenidas sufrió una descompensación por lo que fue atendida por el servicio médico”.
Cervantes explicó que al llegar al lugar, se encontró con “el pabellón devastado, absolutamente destruido, las duchas, la iluminación, los bancos rotos y las puertas estaban trabadas con diversos objetos, lo que hacía peligrar más la integridad física de los detenidos”.
“El intento de motín fue controlado luego de que un representante de los detenidos constatara que el reclamo a la empresa Telefónica ya había sido formulado, por lo que desistieron en su actitud y no hubo necesidad de esposar a los reclusos, ni tampoco se empleó la violencia física contra los internos” agregó la Secretaria.
También surgió un reclamo por parte de detenidos de la ciudad de Ushuaia “quienes pidieron ser trasladados hacia la capital fueguina, pero eso es algo que no depende de ninguna autoridad de Gobierno, sino que compete a la Justicia” explicó Cervantes.
Finalmente, la Secretaria detalló que una vez concluido el reclamo “se requisaron las celdas para evitar que existiera algún elemento corto-punzante u otro que pusiera en riesgo la integridad física de los reclusos” e hizo hincapié en que no se tomó “ninguna medida restrictiva ni de castigo, ya que se permitieron las visitas de los familiares el día domingo”.
Derechos para algunos
Partiendo de la base que es más sencillo colocar un teléfono que funcione, en la alcaídia que construir un barrio e instalar los servicios básicos, justo es mencionar, sin embargo, el desinterés que la Secretaría de Derechos Huamanos tiene para con aquellas personas que viven en condiciones deplorables, en medio del barro; sin gas; con el riesgo diario de que se incendie su precaria vivienda; sin transporte, en el medio del barro; rodeados de agua servida, tapados de basura que no se recoge y muchos otros factores que deberían llamar la atención no solo de la Secretaria de Derechos Humanos sino también de cada uno de los organismos públicos.
Muchos políticos aseguran que a esa gente nadie las mandó a instalarse en ese lugar, pero se sabe que muchos fueron empujados por la necesidad y la falta de políticas habitaciones tanto del Gobierno como del Municipio, aspecto que al igual que en el Puente Colgante seguramente habrá un racimo de excusas para decir que se esta haciendo en tanto que la miseria de la gente crece.
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