El viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue denunciado ayer por los presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión, violación de secreto” por haber llevado adelante una serie de investigaciones para saber quiénes integran unas mil empresas que funcionan en el país.
La denuncia -que involucra también a otros funcionarios allegados a Kicillof y al administrador de la Inspección General de Justicia, Norberto Berner- fue formulada por el dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa, a raíz de la publicación el pasado lunes en un matutino nacional de un artículo titulado: “La Cámpora pidió datos sensibles de 1.000 empresas privadas”.
La nota revelaba que miembros de la agrupación K que ocupan cargos clave en el Ministerio de Economía solicitaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1.000 empresas más importantes del país.
Comentá la nota