Según la denuncia, que fue presentada al fiscal de turno por María Elena Marioni con el patrocinio del abogado Diego Javier Chacón (Expediente N° 40772-13) en el año 2010 la legisladora -utilizando sus relaciones políticas con el entonces vicegobernador Segura- le hizo dar un nombramiento como personal de gabinete en la Cámara de Diputados a partir de agosto de 2008 y le hizo pagar en forma retroactiva cuando no había existido tal prestación de servicios. Además, de los 46 mil pesos cobrados en esa oportunidad, Marioni solo recibió 3000 pesos. La empleada manifestó en la denuncia que Castillo le había advertido que si no se allanaba a realizar esta maniobra, sería despedida del cargo que le habían dado en el área de Capacitación Laboral dependiente de la Coordinación de Educación no formal y Artística del Ministerio de Educación y que desempeñaba por resolución ministerial en la fundación “Unidos por Jujuy”.

La mujer reveló también que fue obligada por la legisladora a colaborar en la “operatoria sistematizada de la asociación ilícita acompañando a numerosas personas que eran nombradas bajo las mismas condiciones de extorsión y explotación de su estado de necesidad laboral, conduciéndolas al banco, controlando el cobro y por sobre todo garantizando que entregaran la mayor parte del dinero a la doctora Castillo”.

Los damnificados, afirmó, son personas que habían sido nombradas en el Ministerio de Educación y en la Legislatura. También señala que la diputada le ordenó acompañar a los empleados que tenían que cobrar “cheques retroactivos” y que en la sede de la fundación se les hacía entregar la totalidad del dinero que habían percibido.

Otro de los “trabajos” que le mandaban a hacer era ir a los cajeros y retirar todos los meses el dinero de los sueldos de estos empleados, a los que después les entregaban 600 pesos. La plata era rendida por Castillo a Segura, agregó en la denuncia.

Durante 2010 y 2011 “la doctora Castillo me ordenaba bajo amenaza de despido, captar personas de confianza para otorgarles cargos de Regímenes donde no debían trabajar porque aportaban el 50 por ciento de sus sueldo”, algunos de los cuales eran amigos y familiares directos de la diputada, relató la mujer, quien adjuntó tarjetas de débito del Banco Macro, una de ellas de un sobrino de Castillo; tickets de cajeros y listas de personas a las que según su testimonio le sacaban gran parte de sus sueldos.

Marioni también denunció a la diputada por acoso laboral y manifestó que las situaciones vividas le provocaron una “reacción anormal neurótica grado III” e incapacidad laboral del 23 por ciento.