Según se informó a este diario, el martes por la mañana personal de carrera del Concejo formalizará una denuncia penal contra el Intendente por intento de obstruir la tarea legislativa y también por los destrozos causados el último jueves por un grupo de personas identificadas partidariamente con el jefe comunal cuando trató de irrumpir en el recinto. A su vez, sigue la batalla judicial entre el Ejecutivo y el Legislativo. A partir de la última resolución del juez Pablo Quaranta, el Concejo podrá recurrir ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata para que sea ese Tribunal el que decida la cuestión.

Este martes, personal de carrera del Concejo Deliberante radicará una denuncia penal contra el intendente José Manuel Inza por intento de obstruir la labor legislativa y por los daños producidos el jueves pasado en la sesión especial que había sido convocada para determinar la gravedad de los nueve cargos que la Comisión Investigadora le imputa al jefe comunal, además de votar su posible suspensión.

Esto se producirá mientras sigue la puja judicial entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, con denuncias y presentaciones de recursos de un lado y de otro en los Tribunales.

En este sentido, la última información -que este diario publicó en la edición de ayer- es que el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, Pablo Gabriel Quaranta, rechazó el viernes a última hora de la tarde un recurso presentado por el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Lozano, a través del cual le solicitó reviera su decisión de hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el Intendente, por la cual no se pudo desarrollar la sesión especial tal cual estaba prevista.

La denegatoria a que el juez reviera esa medida derivó en que se acuda desde el Concejo, en segunda instancia, a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Es decir, será ahora ese Tribunal quien revise la cuestión cuando el juez Quaranta le traslade las actuaciones.

"Amedrentar y entorpecer"

La presentación que personal de carrera del Concejo formalizará esta semana contra Inza se corresponde con la resolución que, por unanimidad, aprobaron los concejales presentes en la sesión especial del pasado jueves.

En esa resolución, los ediles se refirieron a una "evidente intención del Intendente de perturbar el normal desenvolvimiento" del legislativo local y, desde ya, plantearon que se formularía una denuncia penal según los alcances del artículo 241 del Código Penal.

Éste hace referencia a los delitos contra la administración pública y en su inciso 1° determina puntualmente que "será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones".

En esa resolución, también se deja expresado el repudio al accionar violento que, "para amedrentar y entorpecer el normal funcionamiento del Concejo y demorar así el inicio de la sesión", produjeron personas identificadas partidariamente con el Intendente, "poniendo en peligro la integridad física de concejales, personal administrativo del cuerpo, periodistas debidamente acreditados y público en general que se aprestaba a presenciar la sesión especial", según se dice textualmente.

Este hecho provocó que la sesión no pudiese comenzar en el horario fijado, ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad requeridas.

Cabe recordar que el jueves un grupo de aproximadamente 30 personas se congregó en el veredón municipal para apoyar al intendente Inza ante una eventual suspensión.

La cuestión sobrevino cuando una parte de esos manifestantes -en su gran mayoría empleados municipales- decidió subir al primer piso del palacio comunal donde funciona el Concejo Deliberante y entrar por la fuerza al recinto.

Se vivieron momentos de verdadera tensión cuando forcejearon con los agentes policiales presentes que, ante la agresividad que estaban demostrando los manifestantes, trataban de impedir su ingreso.

En esa pugna cuerpo a cuerpo entre el puñado de militantes y los policías, rompieron vidrios de la puerta de acceso e intentaron abrir a patadas otra lateral.

Tuvieron que pasar varios minutos hasta que finalmente se retiraran.

Estos hechos serán referidos por el personal de carrera del Concejo cuando este martes formalicen en sede judicial la denuncia.

Una medida cautelar

Yendo al plano estrictamente judicial, la cuestión fue llevada a ese ámbito cuando el jueves por la mañana el intendente José Inza presentó una medida cautelar de no innovar para que se suspendiese el procedimiento administrativo que iba a desarrollarse -esto es, el tratamiento de los puntos de la sesión especial- y que podría haber terminado, en principio, en una suspensión de su cargo.

Jurídicamente, a lo que apunta esta medida es a que, mientras dure el conflicto, ninguna de las partes (en este caso el Ejecutivo y el Concejo) haga algo que altere la situación existente. Es decir, que todo se mantenga como está.

El Intendente, al presentar esa cautelar, argumentó, entre otras cuestiones, que no tuvo el debido derecho a defensa.

El juez Pablo Quaranta hizo lugar al pedido y la sesión, si bien se llevó adelante, no trató la totalidad de los puntos por los que había sido convocada.

En su lugar, se aprobó la mencionada resolución en la que se habilitaba al presidente del cuerpo para que hiciera la presentación judicial correspondiente para pedir que se dejara sin efecto la decisión del magistrado.

Rechazo y a la Cámara

Efectivamente al día siguiente Alejandro Lozano, presidente del Concejo, presentó a través de sus abogados y también ediles Carlos Bevacqua y Luis Conti un Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio.

Esto es, pedirle al mismo juez que hizo lugar a la medida cautelar que revea su decisión, y que, en caso de ser negativa su respuesta, eleve a una instancia superior el reclamo para que se revise la situación planteada. Acá cabe aclarar que lo que está en discusión no es la cuestión de fondo (lo actuado y determinado por la Comisión Investigadora) sino de forma (cómo se llevó adelante el proceso).

Ese mismo viernes, a última hora, Quaranta rechazó el recurso de reposición y le concedió al presidente del Concejo la posibilidad de recurrir ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata para que sea ese Tribunal el que decida.

Según explicó una fuente consultada ayer por este diario, si la Cámara revoca lo resuelto por el juez Quaranta el Concejo podrá continuar y finalizar el trámite de la Comisión Investigadora.

De lo contrario, el deliberativo local podría acudir a una instancia superior y los tiempos seguirían dilatándose.

En cuanto a los plazos, se estima que recién a mediados de diciembre el juez en lo Contencioso Administrativo de Azul estaría enviando las actuaciones a la Cámara, ya que antes de hacerlo debe notificar al Intendente y darle derecho a que se exprese respecto del recurso presentado por el presidente del Concejo.